La Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social han destapado un presunto fraude de 2.477.750 euros en el sector de la construcción de invernaderos en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, que ha permitido detener a once personas por su supuesta participación en el entramado empresarial que amparaba esta actividad.
Según ha precisado la Comisaría Provincial de Almería, la trama está presuntamente implicada en 23 delitos contra la Seguridad Social y 22 de frustración de la ejecución, y han señalado que los empresarios detenidos habían "copado el sector", al utilizar a trabajadores de las propias empresas como testaferros y sociedades con "gran cantidad de mano de obra que realizaban trabajos subcontratados por otras empresas más grandes de ese ámbito".
La investigación comenzó en septiembre de 2022 cuando se tuvo conocimiento de actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas del sector de la construcción de invernaderos de la localidad almeriense de Roquetas de Mar, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
Los agentes comprobaron la existencia de diferentes empresarios responsables de un supuesto entramado societario, que mediante la "sucesión opaca de empresas", en las que se trasladaba la actividad de unas a otras con el "ánimo de seguir trabajando a bajo precio", conservaban su negocio de construcción de invernaderos, sin abonar los seguros sociales de los trabajadores ni los propios.
La Policía Nacional asegura que se usaba a los trabajadores de las propias empresas como testaferros y se utilizaban "multitud de sociedades". Los empresarios detenidos, en su mayoría de nacionalidad rumana, contrataban a una gran cantidad de compatriotas como trabajadores, entre los cuales se encuentran parte de los presuntos testaferros.
Los responsables de este entramado empresarial hacían uso de empresas con gran cantidad de mano de obra, dedicadas sobre todo a realizar trabajos subcontratados de otras empresas más grandes del sector. Al no abonar los seguros sociales de sus trabajadores, los precios que ofertaban eran mucho más bajos que los de otras empresas que sí cumplían sus obligaciones.
De esta forma se generó un "importante fraude directo por impago de cuotas mientras incrementaban sus márgenes de beneficios y eran subcontratados por empresas más grandes, las cuales se beneficiaban de los bajos precios de las sociedades investigadas, ya que les resultaba más barato subcontratar sus obras que realizarlas ellos mismos", dice la Policía.
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