La candidata de Por Andalucía a la Presidencia del gobierno andaluz, Inmaculada Nieto, ha criticado este lunes que el Gobierno de Juanma Moreno "esté permitiendo que se haga negocio con la salud de los andaluces y no cualquier negocio, un negocio muy boyante".
En declaraciones a los periodistas en Huelva, tras reunirse con representantes de la Asociación en defensa de la sanidad pública en Huelva (Onusap) y de los sindicatos CCOO y UGT, ha puesto el acento en "la manera calculada" en la que Moreno "ha debilitado el Servicio Andaluz de Salud (SAS): despidiendo personal sanitario, no reforzando las plantillas o dejando morir la Atención Primaria y colapsándola".
Ésto ha hecho, ha añadido, que "muchas personas se hayan hecho, aún teniendo recursos muy escasos, seguros privados por poder tener, por ejemplo, una atención pediátrica garantizada para sus niños".
"De la misma manera que ellos en una estrategia fría y calculada han debilitado la sanidad pública para garantizar que a la privada le llegaran nuevos clientes, el camino que la coalición Por Andalucía para recorrer si es el próximo Gobierno de la Junta es a la inversa", ha señalado.
En este sentido, ha explicado que "van a "fortalecer la sanidad pública para que cada vez el sistema público y, por tanto, las personas a las que legalmente tiene la Junta de Andalucía la obligación de atender de manera prioritaria no tengan que recurrir al aseguramiento privado y no se vean atendida con menor estándares de calidad en clínicas privadas".
Unas clínicas por las que "la Junta de Andalucía paga una fortuna que le quita al sistema público de salud, que le quita las contrataciones decentes de personal sanitario y que, además de engordar esas cuentas de resultados de las clínicas privadas, lo que hacen es condenar recursos que necesitamos para el SAS y ponerlos en mano de personas que están robando con la autorización expresa de la Junta de Andalucía recursos públicos imprescindible para mantener la red sanitaria pública".
Nieto ha precisado que asegura que se roba porque "nadie de la Junta de Andalucía fiscaliza el cumplimiento de los contratos, firman sobre el papel una serie de condiciones pero luego no fiscaliza que se cumpla".
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