Vista oral en la Audiencia Provincial de Almería contra un abogado por intrusismo al cobrar a una mujer que iba a divorciarse por tramitar la demanda sin poder
La Audiencia Provincial de Almería celebrará esta semana la vista oral contra un abogado inhabilitado que se enfrenta a un año y medio de cárcel por intrusismo, al cobrar a una mujer que iba a divorciarse por tramitar la pertinente demanda sin poder hacerlo.
La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, señala que el Colegio de Abogados de Almería había impuesto al acusado tres sanciones de suspensión, que debía cumplir consecutivamente entre el 14 de julio de 2018 y el 22 de junio de 2022, y dos sanciones de expulsión.
Sin embargo, el fiscal sostiene que en septiembre de 2018 una mujer contactó con él por teléfono porque necesitaba la asistencia de un letrado que la asesorase y defendiese en un procedimiento contencioso de divorcio.
La víctima mantuvo varias entrevistas en una cafetería con el acusado para exponerle su problema, tras lo que éste presuntamente asumió su defensa jurídica, indicándole que interpondría la demanda a pesar de ser consciente "de que no podía hacerlo al estar inhabilitado como abogado".
El Ministerio Público mantiene que ocultó esto último a la mujer, a la que solicitó 900 euros en concepto de provisión de fondos y gastos, "guiado con la intención de obtener un beneficio patrimonial".
"Confiando en que estaba tratando con un profesional de la abogacía", el 19 de septiembre de dicho año la víctima realizó una primera transferencia de 600 euros.
Cuatro días más tarde, el acusado le envió por correo electrónico un escrito de demanda que había redactado, "pese a que ni podía ni tenía intención de presentarla al Juzgado". Tras corregir algunos errores advertidos por la mujer, le remitió un nuevo escrito y un resguardo que "no se correspondía a la demanda de divorcio" de la víctima.
Así, el 10 de diciembre de ese año, la mujer realizó otra transferencia de 300 euros, completando así los 900 euros que le había solicitado.
Para el fiscal estos presuntos hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que pide un año y medio de cárcel y una multa de 3.240 euros, y de un delito de intrusismo, por el que solicita una segunda multa de 3.240 euros. Además, reclama que indemnice a la perjudicada con 900 euros.
