El Juzgado de Instrucción 2 de Vera (Almería) ha incoado diligencias previas a raíz de una denuncia de la Fiscalía Provincial para investigar si existe delito en la gestión por parte del equipo de gobierno de Carboneras que lidera José Luis Amérigo del servicio de limpieza viaria y playas, así como el mantenimiento de parques y jardines.
La denuncia del Ministerio Público remitida al Decanato de los Juzgados en la que se interesa judicializar la investigación preliminar señala la existencia de "posibles" delitos contra la administración pública, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
La Fiscalía abrió a mediados de año diligencias de investigación tras el escrito presentado por el portavoz municipal de Gicar y concejal, Salvador Hernández, en el que se aportan datos que indicarían que, desde que el contrato con la concesionaria venció "tras la última y definitiva prórroga en septiembre de 2019", se ha producido una "subida brutal" del coste del servicio ya que la empresa "ya lleva facturados y cobrados sobradamente cuatro millones de euros", que se elevarían a 5,5 millones una vez que concluya el ejercicio 2021.
El escrito traslada que la "irregularidad" de la situación, "puesta de manifiesto" en informes por la Intervención y con el contrato "vencido, habiendo agotado todas las prórrogas posibles", ha dado lugar a que, desde enero de 2019, "haya ido subiendo paulatinamente el importe de las facturas que la empresa presenta al Ayuntamiento de forma desbocada y desproporcionada".
Añade que el equipo de gobierno que lidera José Luis Amérigo "viene dando el visto bueno" a esta gestión, "aprobando y pagando cada una" de las facturas, "que han disparado el coste del servicio".
La denuncia al Ministerio Público que ha dado lugar a la causa penal apunta que el coste se incrementó de 2019 a 2020 "en más de un millón de euros", pasando de 1,3 a 2,4 millones de euros y califica de "incomprensible y desproporcionada" la subida si se tiene en cuenta, según remarca, que "el coste anual del servicio venía siendo más o menos el mismo durante la vigencia de contrato y sus prórrogas y variando armónicamente entre 2013 y 2019".
"Es inexplicable, más allá del incremento salarial acordado, sin contrato, ni convenio, ni documento que lo ampare", recoge el escrito, que precisa que no aparece en el expediente del Presupuesto de 2020 "informe alguno de Secretaria, ni del Interventor, tampoco de Servicios Técnicos Municipales, ni del Área de Relaciones Laborales que ampare la brutal subida".
En esta línea, con respecto al actual ejercicio de 2021, concreta que se destina una partida de dos millones de euros, pero que, "analizando la aprobación de los pagos en las juntas de gobierno de los últimos 16 meses", desde enero de 2020 hasta abril de 2021, "el coste final será similar o superior al de 2020". Detalla, así, una veintena de aprobaciones que ascenderían "a 2,6 millones de euros".
La denuncia del portavoz municipal de Gicar pone el foco en que el alcalde habría tomado a lo largo de los dos últimos años "varias decisiones para seguir pagando a la empresa dichas cantidades desorbitadas" y cita un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,2 millones de euros aprobado en pleno y una resolución de Alcaldía de noviembre de 2020 que "avoca las competencias delegadas en la junta de gobierno y aprueba una modificación de créditos, anulando las partidas presupuestarias de varias inversiones previstas en el presupuesto e inyectando 310.000 euros a la partida presupuestaria de Parques y Jardines".
Hace hincapié, asimismo, en que no constaría que en estos dos años de "desatada" facturación, la empresa haya aportado "certificaciones más allá de las facturas presentadas", que las facturas "hayan contado con el visto bueno" de los servicios municipales "previas las comprobaciones y mediciones correspondientes de la efectiva prestación de los trabajos y de los precios aplicados" o que haya informes "del área de Urbanismo y Servicios Urbanos, ni de Relaciones Laborales, ni de Intervención que valoren ni validen la correcta prestación del servicio ni del importe de las facturas".
"La junta de gobierno local viene aprobando consecutivamente todas las facturas que viene presentando la empresa concesionaria. Sin ningún control y sin ninguna fiscalización de los precios ni de los servicios prestados", concluye.
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