La empresa promotora de la urbanización en el paraje Las Cumbres de Huércal de Almería ha pedido al juzgado de lo contencioso-administrativo que imponga una "fianza de 5,2 millones de euros" en caso de ordenar la paralización cautelar del proyecto solicitada por Ecologistas en Acción ya que considera que esta acarrearía "gravísimas consecuencias" y daños "irreparables, objetivos e incuestionables".
En el escrito de oposición a la medida cautelar elevado al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la mercantil argumenta, al margen del "descrédito y desprestigio comercial" que sufriría hasta la resolución del pleito, que no habla para cuantificar la fianza de un "lucro cesante hipotético" sino real, ya que "las obras están en marcha, con todas las autorizaciones y permisos necesarios y con 16 de un total de 25 viviendas" que se van a construir "reservadas".
Según concreta, la caución calculada incluye 2,1 millones de euros del proyecto de urbanización "cuya suspensión se solicita de forma expresa"; 1,9 millones de la licencia de obra mayor que se otorgó el 13 de septiembre y 1,2 millones de euros de lucro cesante, que el 20 por ciento del precio total de la promoción en venta ya que el precio medio de las viviendas, asciende a 241.450 euros.
En su escrito, de 17 noviembre, la promotora se pregunta quién va a responder de esos daños y perjuicios "cuando el juzgado entre a profundidad a conocer el asunto y desestime el recurso que se ha presentado" e incide en que Ecologistas en Acción ha solicitado justicia gratuita "para así evitar el riesgo de una probable condena en costas".
"Cabe presumir, a la vista de la solicitud de justicia gratuita formulada por los recurrentes y la ausencia de ofrecimiento de caución, que si así fuera, los recurrentes no podrán en absoluto afrontar su responsabilidad", sostiene la mercantil, que también interpela al juez sobre quién va a "indemnizarla" cuando "le dé la razón y se demuestre que la paralización ha sido injustificada".
Por otro lado, y para apuntalar su oposición ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 3 de Almería, la promotora asegura que los movimientos de tierra del sector urbanístico, así como las demoliciones previas", entre ellas el polémico derribo del conocido 'Acueducto Las Cumbres' "ya se han terminado", lo que, a su juicio, significa que "las medidas cautelares" pedidas por Ecologistas en Acción "han perdido finalidad".
"Habiéndose iniciado las obras antes de la solicitud, y antes de la incoación de la pieza separada de las medidas cautelares, no puede apreciarse en modo alguno el requisito del 'perículum in mora', pues la transformación que se pretende evitar con la medida ya se ha producido", afirma.
Rechaza, asimismo, que el Acueducto de Las Cumbres forme parte del Canal de San Indalecio y asegura que se "construyó varias décadas después para beneficio de un vecino que regaba con los sobrantes de la comunidad de riegos" al tiempo que niega que "haya estado protegido jamás" o que esto se "deba a un olvido de la administración".
"Los técnicos de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía constataron que no formaba parte del Canal de San Indalecio y que había sido construido en una época reciente por un particular que nada tenía que ver con la comunidad de riegos, por lo que decidieron que se trataba de un elemento que no era digno de protección, o al menos no era merecedor de una protección tan relevante", recoge el escrito.
Por último, reprocha que, para pedir la medida cautelar, Ecologistas en Acción "ponga en cuestión una tramitación administrativa de años y que cuenta con todos los informes favorables que son exigibles". "No es en absoluto el momento procesal oportuno", concluye.
Cabe recordar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental ordenó en el mes de octubre la paralización de las obras de urbanización de 49,4 hectáreas en el paraje de Las Cumbres, en Huércal de Almería, donde la promotora demolió en julio el acueducto del Canal de San Indalecio, ya que el proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento "sin el preceptivo informe favorable" y la ejecución se inició "sin contar con la autorización" de la Dirección General de Carreteras.
La resolución indicaba que las obras de urbanización, que han generado un importante movimiento en contra de colectivos patrimonialistas y ecologistas, afectaban a la zona de protección de la Autovía del Mediterráneo (A-7) y a uno de los enlaces de esa vía, y remarcaba que la aprobación se hizo con un informe favorable de 2008, que no es "válido" por el tiempo que ha transcurrido y por las modificaciones introducidas en la legislación aplicable.
El juzgado de lo Contencioso-administrativo 3 admitió a trámite el recurso de Ecologistas en Acción contra este acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Huércal de Almería que daba vía libre a la urbanización de 49,4 hectáreas en Las Cumbres y donde la empresa promotora del proyecto demolió el pasado julio parte el acueducto conocido como el Canal de San Indalecio.
El colectivo ecologista solicitó al juzgado que suspendiese el citado acuerdo para "impedir a efectos prácticos" la ejecución de las obras y la concesión de licencia y, en una diligencia de ordenación, el juez dio diez días al consistorio para que presentase alegaciones a la adopción de la medida cautelar.
Ecologistas en Acción ya solicitó en julio la suspensión para asegurar la protección del interés público y, entre otros, el ramal del Canal de San Indalecio que cruza la finca, pero que el Ayuntamiento no le notificó la resolución desestimatoria hasta agosto, un mes después de que la promotora demoliese parcialmente el acueducto.
El colectivo considera que el estudio ambiental de la promotora que ha sido calificado favorablemente "ignora las características del territorio, no considera las especies de flora y fauna presentes entre las cuales cabe destacar la existencia de camaleones (Chamaeleo chamaeleon) y chapas (Iberus gualterianus), incluidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección".
"Ni siquiera se ha consultado la base de datos de la Rediam en la que se habría averiguado que se trata de un Hábitat Prioritario de interés Comunitario en estudio y al que ya se le debe dispensar alguna consideración especial", mantiene.
Por otro lado, en septiembre, la Fiscalía presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados de Almería después de que Amigos de la Alcazaba, Ecologistas en Acción, Grupo Ecologistas Mediterráneo (GEM) y Acuíferos Vivos pusiesen en su conocimiento la destrucción del acueducto de Las Cumbres.
En la argumentación de los denunciantes se indica que debería haber sido protegido con las normas subsidiarias del municipio y remarca que "la no existencia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y su sustitución y simplificación por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), incumple por tanto la normativa comunitaria y estatal y anula
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