El alcalde, Marino Aguilera, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa acompañado por las ediles de Urbanismo, Encarnación Pérez, y de Obras y Servicios, Mercedes Flores, para informar sobre los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada este martes. El orden del día incluía puntos de interés para el desarrollo urbanístico e industrial del municipio, así como el anuncio de un contencioso administrativo contra el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE).
Pérez ha anunciado la aprobación inicial del Plan Parcial del sector NS-2.1 del PGOU, de iniciativa privada por parte de la S.C.A Santo Domingo de Silos, que permitirá la creación de más de 33.000 m2 de suelo industrial junto al polígono El Retamar que, tras años de paralización, “supone un impulso decisivo para dar continuidad a la trama de suelo industrial ya existente. En concreto, se destinarían 33.073,72 m2 de suelo neto a parcelas que oscilarán entre los 255 y los 799 m2. El documento será sometido a información pública durante un plazo de 45 días”. Igualmente, se han aprobado definitivamente los estatutos y bases de la actuación de transformación urbanística del sector 8 del polígono Llano Mazuelos y la constitución de la Junta de Compensación de dicho sector, también de iniciativa privada, destacando entre las empresas Taghleef y Benzaplastic.
Pero el anuncio más relevante es la aprobación de someter a consulta pública el documento de avance del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución SA-7 de Santa Ana, promovido por el Ayuntamiento con el objetivo de ordenar urbanísticamente el suelo necesario para la construcción de la futura residencia de mayores. Dicho instrumento de planeamiento contempla una superficie total de 9.440 m2 para equipamiento residencial, 2.060 m2 de zonas verdes (manteniendo el chaparral existente) y nuevas infraestructuras viarias que conectarán el entorno con el núcleo urbano. Como ha explicado el alcalde “con la aprobación inicial de este Plan Especial, correspondería también remitir a la Consejería de Medio Ambiente el documento de alcance, y si en el plazo de alegaciones no se produce ninguna, se llevará a pleno la aprobación definitiva y se realizará la reparcelación e inscripción en el registro para poder hacer el proyecto de ejecución de la residencia, así como el de urbanización”.
Por su parte, Flores ha informado de la decisión del Ayuntamiento de emprender acciones judiciales contra el IDAE, tras la reducción no justificada de la subvención otorgada en el marco del programa FEDER 2014-2020 para la renovación del alumbrado público con tecnología LED. “La ayuda, inicialmente cifrada en más de 2 millones de euros con una cofinanciación del 80% por parte del IDAE, se ha reducido en unos 129.000€, que no consideramos justificada. Estamos peleando por algo que consideramos que nos pertenece porque el trabajo está ejecutado y se puede comprobar”. El Ayuntamiento presentará un recurso contencioso-administrativo con el objetivo de recuperar una cantidad ya anticipada por las arcas municipales.
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