T.G.L., Una mujer sevillana de 37 años, ha interpuesto una demanda judicial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por tardar más de un año en diagnosticarle un tumor cerebral reclamando una indemnización de 201.000 euros.
La mujer, representada por el abogado José Antonio Sires, del Bufete Sires Abogados, acudió el 9 de enero de 2023 a la consulta del Centro de Salud debido a "una sintomatología de sudoración fría, palidez, debilidad generalizada, que la obliga a tener que reposar para no perder la conciencia o sufrir obnubilaciones, junto a contractura de cervicales y temblores en la mano izquierda".
En la consulta, ha informado el despacho de abogados en un comunicado, el facultativo especialista del SAS del centro de salud atribuyó la afección a "estrés relacionado con el trabajo, así como problemas cervicales, no realizando en dicha consulta examen alguno, solicitando una resonancia magnética cervical, que fue realizada en mayo de 2023, sin siquiera derivarla al hospital para realizar pruebas adicionales, e ignorando por completo la descripción del dolor referida por la paciente".
Finalizó la consulta con una prescripción de antidepresivos y relajantes musculares, no realizando tratamiento alguno en la zona afectada en cuestión.
Tras esta, volvió al centro de salud hasta en siete ocasiones, en las que nunca se le practicaron pruebas complementarias; no es hasta realizar una resonancia magnética a finales de mayo cuando se descarta el diagnóstico de cervicalgia, y a mitad de junio cuando, finalmente, se la deriva al Servicio de Neurología del Hospital Virgen del Rocío.
Con fecha 27 de julio de 2023, la paciente acude a este servicio al seguir sufriendo los mismos síntomas; allí se le realiza una exploración neurológica normal, no programando pruebas complementarias.
Dado el agravamiento de la lesión y aumento del dolor, a finales de año acude de nuevo al Servicio de Neurología para solicitud de pruebas complementarias y estudio más profundo, realizándose en febrero de 2024 una resonancia magnética craneal, tras la que se le diagnostica un tumor cerebral.
El abogado considera que "hay un indubitado retraso del diagnóstico al no haber sido adecuadamente atendida su dolencia; la mala praxis de los facultativos que atendieron a la paciente ha dado como resultado la privación de una adecuada asistencia sanitaria, ocasionándole un daño irreparable".
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