Cuando Giulio Andreotti acuñó para la posteridad su distinción entre “amigos, enemigos y compañeros de partido”, desconozco si incluyó en esta última categoría a los líderes de las formaciones políticas que adoptan decisiones o trazan estrategias con las que meten permanentemente en bretes a sus más destacados lugartenientes. El caso es que el mayor calambrazo que ha sufrido en casi año y medio el Gobierno de coalición de PP y Cs en la Junta de Andalucía no lo han provocado graves errores en la gestión o una oposición contundente, sino el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado. Su decisión de abstenerse en la prórroga del estado de alarma, arrastrado por el radicalismo de Vox, otorgó un papel protagonista inesperado a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien apuntaló con su apoyo la ampliación que solicitó al Congreso el presidente Pedro Sánchez. Con este movimiento del PP, impropio de una formación de gobierno, ha obligado al presidente y vicepresidentes andaluces, Juan Manuel Moreno y Juan Marín, a esmerarse en los últimos días en vociferar que la estabilidad de San Telmo está garantizada, sobre todo después de los envites en el Parlamento autonómico de sus disgustados socios parlamentarios de Vox que no ven tan claro que los movimientos en Madrid no tengan consecuencias en el Sur.
Por si este golpe no hubiera sido suficiente, Casado puso en otro aprieto inesperado a Moreno a finales de semana. Cuesta entender que el PP haya denunciado ante la Fiscalía en pleno estado de alarma al Gobierno central por distribuir mascarillas defectuosas entre el personal sanitario sin calibrar que muchas comunidades gobernadas por sus barones han pasado por el mismo trance. Entre ellas,la Junta ha debido retirar de hospitales y centros de salud varios lotes de mascarillas inservibles o caducadas y se enfrenta a un lunar muy negro en su gestión de la pandemia: los médicos, enfermeros, celadores, auxiliares, técnicos y demás personal sanitario son los más infectados de toda España cuando la tensión hospitalaria ha sido, paradójicamente, mucho menor en nuestra comunidad que en otros territorios del país.
Si la dirección de la calle Génova actuara con coherencia y, como proclama, en defensa de la salud laboral de todos los sanitarios del país, ¿debería denunciar también al Gobierno andaluz, pilotado por Moreno? Y, por la misma regla de tres, ¿debería el PSOE andaluz llevar a los tribunales a la Junta por los errores en los equipos de protección? Menos mal que los socialistas ya han aclarado que no seguirán los mismos pasos de Casado.
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