Al peaje de la autopista Sevilla-Cádiz le queda un año, once meses, y 23 días de vida. Esto es, 723 exasperantes fechas para que acabe esta insoportable pesadilla el 31 de diciembre de 2019. Dos años, menos una semana, para que los gaditanos dejen de ser los únicos andaluces que tienen que pagar por desplazarse a su capital autonómica por una autovía. Cuando concluya la concesión, Abertis ahora -antes Aumar y Bética de Autopistas- habrá logrado pingües beneficios desde el 30 de julio de 1969. Casi 50 años y medio en los que al menos tres generaciones no han conocido otra realidad que los peajes de Las Cabezas y de Jerez -que desde hace una década abona en la sombra, con cargo a sus presupuestos, la Junta de Andalucía-.
Sobran razones para estar indignados por este mal bíblico: las prórrogas de los gobiernos de Suárez, González y Aznar -todos después de negarlas-; el incumplimiento de desdoblar la Nacional IV como alternativa al peaje; el rescate de autopistas deficitarias en Madrid; la reciente desfachatez de subir el peaje el pasado 1 de enero otros 10 céntimos (7,30 euros o 14,60 ida y vuelta), y el agravio comparativo que tan poco me gusta esgrimir, pero que resulta necesario: ¿Se imaginan a los onubenses pagar para llegar a Sevilla por la A-49; a los cordobeses o jienenses por la A-4, y a malagueños, granadinos o almerienses porla A-92?
En los dos últimos años, dediqué dos veces esta columna a la AP-4: ‘Maldito peaje’ y ‘La suerte está echada con el peaje’. Las escribí -lo confieso- ajeno a un hecho muy relevante que pude leer días atrás: la legislación española limita a 40 años la explotación máxima de una autopista. Esta norma eleva esta injusticia económica y social a un escenario antijurídico de peaje ilegal desde hace 8 años, 5 meses y una semana. Así las cosas, la última prórroga de Aznar fue ilegal. Pudo ampliarla de 2006 al 30 de julio de 2009, pero no hasta finales de 2019. Por consiguiente, Abertis ha cobrado indebidamente muchísimo dinero que debería devolver. Puede parecer una reclamación alocada, pero también lo eran las de las cláusulas suelo. Llegó el momento en el que las administraciones públicas, los agentes sociales y asociaciones de consumidores, transportistas y otras reclamen la supresión inmediata y el reintegrode este impuesto revolucionario en los últimos años. Mientras tanto, ¡qué el Gobierno central no olvide que quedan 723 días no sólo para que expire esta concesión ilegal, sino para que no vuelva a pagarse por circular poruna autopista amortizada por triplicado! Por si acaso, se lo recordaré cada semana.
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