Hubo un tiempo en la ciudad de Cádiz, a finales de los 90, en el que el gobierno local, del PP -empachado de las abrumadoras mayorías absolutas de Teófila Martínez-, se acostumbró a dirigir agrias descalificaciones contra todo colectivo profesional, asociación vecinal, institución, medio de comunicación o partido político que osara a ofrecer una visión discrepante sobre los asuntos de la actualidad municipal.
Recuerdo algunos dislates surrealistas como cuando el entonces concejal de Policía Local amenazó a un quiosquero si no dejaba de exhibir la revista Interviú. También fueron sonados los notarios que envió el Ayuntamiento a Radio Cádiz de la Cadena SER para que sus periodistas certificaran ante estos fedatarios públicos informaciones que hicieron sobre algunos desmanes públicos. Fueron requerimientos notariales previos a unas querellas que nunca llegaron a presentar.
Ésas y otras conductas, como denunciar campañas orquestadas por grupos de comunicación contra el PP, afortunadamente pasaron a mejor vida en cuanto la alcaldesa y los suyos se relajaron y empezaron a entender el papel de la prensa. Claro que el resto de partidos también cometía pecados lamentables como pensar, en el caso del PSOE, que algunos medios eran suyos, o IU que veía fantasmas por todos lados ante su siempre insuficiente presencia mediática. No pocos políticos llegaron incluso a pedir cabezas de periodistas. Algunos, lamentablemente, lograron sus objetivos.
Tres lustros después, estos parámetros de hostilidad hacia determinada prensa se están reproduciendo. En un ejercicio de mimetismo con el pasado que les debería ruborizar –por cuanto son vicios de la casta que venían a desterrar de la vida pública-, Podemos responde a cualquier noticia adversa a sus intereses, a las conductas de dudosa moralidad de sus dirigentes o contrarias a su ADN fundacional como la transparencia y el debate, con críticas gruesas que buscan erosionar la línea de flotación del único legado que tienen los periodistas: su honestidad crítica.
Bien harían los dirigentes de la formación morada en entender que tienen que aceptar el escrutinio público. Para ello, deben asumir la labor de los periodistas y dejar de acusarlos de estar al dictado de intereses espurios si no les encumbran permanentemente. Casos como el de Errejón en la Universidad de Málaga, la venta de la VPO de Ramón Espinar, la negativa de Teresa Rodríguez a debatir en la Cadena SER y otros muchos episodios no son producto de conspiraciones mediáticas. Que la prensa comete errores es evidente, pero Podemos también yerra si piensa que todos sus cargos son mirlos blancos y todos sus procederes son inmaculados.
