El Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado este lunes que la multinacional sevillana Abengoa, actualmente declarada en concurso voluntario de acreedores, "ha registrado" oficialmente la oferta de la Junta de Andalucía para la adquisición del complejo de su campus tecnológico del sector Palmas Altas, una operación destinada a la instalación en dicho recinto de la futura ciudad de la justicia de Sevilla.
Así lo ha anunciado Juan Marín en una rueda de prensa celebrada junto al delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Javier Millán, después de que este pasado verano trascendiese una segunda oferta de compra del recinto por parte de un fondo privado de inversión.
En su comparecencia, Juan Marín ha manifestado que la operación promovida para instalar en el recinto de Palmas Altas la futura ciudad de la justicia de Sevilla se ha visto "afectada" por la irrupción de la pandemia de coronavirus Covid-19, como tantas otras iniciativas promovidas por las administraciones, y por la situación de Abengoa, actualmente bajo las riendas de una administración concursal, al haber sido declarada en concurso voluntario de acreedores tras no prosperar su última operación de reestructuración, al acumular a cierre de 2019 una deuda global de aproximadamente 6.000 millones de euros.
LAS PREVISIONES Y LA PANDEMIA
En ese sentido, recordemos que unas semanas antes de irrumpir la pandemia de Covid-19 y ser decretado el primer estado de alarma para frenar la propagación del virus, Marín precisaba que entonces la previsión era que ese mismo año de 2020 fuese licitado el contrato correspondiente a las obras de adaptación del recinto tecnológico de Palmas Altas como nueva sede judicial; así como el contrato de construcción de nuevas dependencias en sus dos parcelas anexas, en este último caso mediante un modelo de "colaboración público privada", que implicaría una "contraprestación" durante determinado número de años en favor de la empresa adjudicataria de las obras, que habría de asumir el coste de las mismas.
En aquellos momentos, así, el consejero consideraba que "a finales de 2022 o el primer semestre de 2023" sería acometido el "traslado" de las dependencias y funcionarios de la administración de justicia a la nueva sede, fruto de esta operación.
En cualquier caso, ha señalado que ya este lunes, Abengoa "ha registrado" formalmente la oferta de la Junta de Andalucía para la adquisición del centro tecnológico de Palmas Altas por unos 52 millones de euros, a lo que se suma la adquisición paralela de sus dos parcelas colindantes, propiedad de la sociedad inmobiliaria Viapol, sumando el total de la operación una inversión de 78 millones de euros impuestos incluidos.
COMIENZA LA "COMPRA EFECTIVA"
Con ello, según ha explicado, comienza la "compra efectiva" del recinto por parte de la Administración andaluza, con lo que "el paso siguiente" será remitir el expediente de adquisición a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, para que tal instancia lo eleve finalmente al consejo de gobierno y, una vez aprobado el mismo, sea acometida la firma de la compra del recinto de Abengoa y de las parcelas anexas propiedad de Viapol. "La operación se va a hacer efectiva", ha enfatizado.
A continuación, según el consejero, la Administración andaluza habrá de licitar por unos 25 o 30 millones de euros el contrato de rehabilitación de la sede de Abengoa y su adaptación para los usos judiciales, así como otro contrato para la construcción de nuevos edificios en las parcelas adyacentes al objeto de que acojan la nueva sede de la Audiencia provincial, contrato este último que será ofertado mediante el citado método de "colaboración público privada", con lo que la empresa adjudicataria costearía las obras y la Junta le abonaría después un canon por el uso de las instalaciones, hasta revertir finalmente las mismas a la propiedad autonómica.
De este modo, Marín ha defendido que esta operación constituye un "compromiso cumplido" del Gobierno andaluz, para hacer realidad un proyecto "clave" para Sevilla, pues la reivindicación de una nueva ciudad de la justicia que unifique los servicios judiciales actualmente dispersos por la ciudad y en unas instalaciones modernas constituye una demanda histórica en la capital andaluza.
Javier Millán, de su lado, ha defendido que el registro oficial de la oferta de compra de la Junta constituye "un paso cualitativo" en la operación de la futura ciudad de la justicia, rememorando que las cuantías necesarias para ello figuran en el proyecto presupuestario autonómico de 2021 y exponiendo que el Gobierno andaluz "cumple" con su compromiso, al objeto de marcar un "hito histórico" para el sector judicial de Sevilla.
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