El pasado 17 de febrero, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) firmaron un protocolo para incrementar el parque de vivienda social destinada al alquiler, según ha informado el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria. El protocolo contempla la puesta a disposición por parte de Sareb a las administraciones públicas de 10.000 viviendas adicionales a las 5.000 acordadas con diferentes administraciones públicas.
La Junta de Andalucía suscribió un convenio para la cesión de 308 inmuebles entre el 19 de julio de 2016 y el 9 de mayo de 2018. Pero la experiencia, según admitió la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en comparecencia parlamentaria, fue un fracaso. “Un número muy importante de ellas no se ubicaban en los municipios de mayor demanda de viviendas (...). De esas 308 se devolvieron 104 por diversos motivos en los primeros meses”, explicó.
De acuerdo a los datos facilitados por la propia Sareb a Información, el Gobierno autonómico gestiona en la actualidad 127 viviendas para alquiler social. Y en el ámbito local, también en 2016, firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla para quince quince pisos) pero el convenio finalizó y ya no se encuentra vigente. La compañía solo mantiene cedidas cinco al Consistorio de Málaga y otras 17 al Ayuntamiento de Córdoba, donde el Gobierno del PP denunció irregularidades, tanto en la tramitación del documento, como en el fondo del mismo, dado que recogían que la empresa municipal Vimcorsa se comprometía a pagar “todos los gastos de obras de adecuación, reparaciones, gestión y administración, IBI o cualquier otro gasto e impuesto de constitución, modificación y cancelación del usufructo de las viviendas, así como el deber de devolverlas en perfecto estado de conservación y habitabilidad”.
“Hay productos inmobiliarios de la sociedad que no están acondicionados y se cedieron en condiciones lamentables”, sostiene José Luis de la Flor, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallekas y del Plan Sareb. En este sentido, en un artículo firmado por Pablo Carmona e Isidro López, miembros de la Fundación de Los Comunes en www.elsaltodiario.com sostienen que “Sareb busca refinanciar y dar salida a paquetes de vivinedas que, de otro modo, le sería muy difícil gestionar. Se trata de endosar su parque de vivienda más deteriorado en forma de convenio o de venta a las administraciones públicas”. Y detallan “el tocomocho”: “Los detalles se irán conociendo, pero lo que sí son públicos son los convenios firmados, por ejemplo, con las entidades locales, donde la estrategia de la Sareb ha salido redonda. En estas jugadas en corto, Sareb toma su parque de vivienda en peor estado y lo promociona en alquiler social. Así, de las rentas directas de los inquilinos saca entre 150 y 400 euros mensuales por cada vivienda, mientras que en los convenios fija a cargo de las entidades locales un coste de alquiler de 175 euros al mes, el pago del 50% de las obras de rehabilitación de la vivienda hasta 7.000 euros y el pago del IBi que van con cargo al presupuesto público. Todo ello por viviendas financiadas y avaladas ya por dinero público, obligando así a que se paguen una y otra vez los mismos activos ruinosos”.
De la Flor considera que Sareb puede poner muchos más y mejores inmuebles a disposición de las administraciones públicas y en condiciones realmente ventajosas. “ El debate de fondo es si queremos que la Sareb (denominado banco malo y creada en 2012 para ayudar a sanear el sistema financiero español) sea como un órgano como las Socimi o los grandes rentistas que tratan la vivienda como un bien de mercado exclusivamente o constituirla como uno de los principales garantes del derecho a la vivienda”, plantea.
Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), también desconfía del anuncio, que considera “propagandístico”. “Tuvimos un primer contacto con la Sareb hace dos años prometedor, pero no se concretó”, explica. “Hay una maraña burocrática -lamenta- que impide que los objetivos de la sociedad se cumplan”. Chocano considera que la Sareb debe poner a disposición más viviendas aún pero anima a las administraciones públicas a construir y rehabilitar tanto para alquiler como para venta en régimen de protección oficial por los beneficios sociales.
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