El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha ocultado durante este verano su preocupación por la negativa a vacunarse contra el Covid-19 de trabajadores vinculados a la educación, la sanidad o el ámbito de la dependencia. En vísperas del inicio escolar, planteó que los docentes sin inmunizar no impartan clase y se sometan a análisis para detectar la infección cada día y unas semanas antes, a finales de agosto, advirtió de que, “si no podemos hacer test diarios en las residencias (de mayores), nos va a ser imposible evitar focos”.
“La mayoría de los profesionales se han vacunado”, sostiene Azucena Morales, responsable del área de Sanidad en UGT-Cádiz. Hasta un 95%, estima. “Nos gustaría que fuera el 100 por 100”, admite, pero subraya que “no podemos hacer nada salvo informar de los beneficios de la administración del fármaco”.
“La legislación no estaba preparada para esto”, advierte, por su parte, José María Domínguez, integrante de la Comisión de Deontología del Consejo andaluz de Colegios de Médicos. “Y se ha perdido la oportunidad de hacer una normativa específica”; lamenta.
Al respecto, recuerda que otros países sí han adoptado medidas en esta línea y recuerda que en España sí está permitido confinar involuntariamente a personas afectadas por infecciones fácilmente transmisibles, como la tuberculosis, y no colaboren para evitar la expansión del virus.
En cualquier caso, Domínguez es partidario de apelar a las convicciones para quien tenga dudas para vacunarse. “Quien rechaza la vacuna lo hace por motivos ideológicos, pero debe saber que, aunque está en su derecho, nos encontramos con un serio problema de sanidad pública y es importante la ejemplaridad”, agrega.
Andrés Rodríguez, presidente del Círculo Empresarial de Cuidados a Personas (Cecua), considera que, en este sentido, los trabajadores de la dependencia han actuado correctamente. “Tenemos prácticamente un 98% de tasa de inmunización entre los profesionales”, sostiene. No en vano, “no tenemos en Andalucía el impacto en los centros que en otros lugares de España”. Por ello, pide que “no se estigmatice al sector” y que se tenga en cuenta que muchos contagios están vinculados a usuarios y familiares.
Rodríguez defiende no relajar las medidas de prevención y reforzar el control. El portavoz de la patronal celebra el estudio serológico que se está llevando a cabo en las residencias para concluir si es preciso administrar una tercera dosis del fármaco a una población muy vulnerable, cuyo perfil corresponde a anciano de más de 85 años, con más de tres enfermedades activas, obligado a consumir más de siete medicamentos diarios. “Son población de riesgo como las personas inmunodepresivas por transplantes o pacientes oncológicos”. También defiende que las adminitraciones ofrezcan más recursos económicos y humanos para mejorar la calidad asistencial y hacer frente al más que previsible repunte de casos en otoño.
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