La comunidades de Andalucía, Galicia, Murcia, Madrid y Castilla y León han recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las múltiples advertencias realizadas sobre "los complejos y rígidos requisitos impuestos" por el Ejecutivo nacional para acceder a las ayudas a la solvencia empresarial
Según un comunicado remitido por la Junta de Andalucía en relación con la posición común de las cinco comunidades, todas ellas gobernadas por el PP, las condiciones exigidas, tal y como reiteradamente han denunciado también las organizaciones empresariales y de autónomos, están dificultando innecesariamente la gestión de los fondos e impidiendo su eficaz inyección en el tejido productivo.
Lamentan que el real decreto sobre esas ayudas a la solvencia de las empresas y las personas trabajadoras autónomas fueran aprobadas "sin realizar ninguna consulta a las comunidades autónomas sobre su diseño y contenido, a pesar de que son éstas las que lo tienen que poner en práctica".
Las comunidades de Andalucía, Galicia, Murcia, Madrid y Castilla y León expusieron hace meses a los ministerios de Economía y de Hacienda las "graves deficiencias" del citado real decreto, según recuerdan.
"En el fondo, por discriminar a quienes han cumplido con sus obligaciones asumiendo el pago de sus deudas; y en la forma, al obligar a la presentación de una amplia relación de documentación previa que complica tanto la a los solicitantes como la posterior gestión administrativa", se indica en la nota.
Las advertencias sobre "las deficiencias" del real decreto fueron acompañadas de "propuestas razonables para solventarlas, con el propósito de llegar realmente a las empresas y autónomos y facilitar la tarea de las comunidades en su gestión".
"Siguiendo la pauta demasiado habitual de engreimiento y desprecio del Gobierno de España por el estado de las autonomías, no hubo ninguna respuesta, mostrando su falta de respeto por el Estado descentralizado en el que debería prevalecer la coordinación entre gobiernos respetando la distribución competencias", indican las cinco comunidades.
Lamentan que el Gobierno de España haya tratado a las comunidades en este asunto como "meras gestorías, al igual que lo ha hecho en la reciente elección unilateral de los programas europeos de empleo". "El Gobierno que persigue un supuesto Estado plurinacional sin definir nunca qué entiende por ello, es incapaz de cumplir con las obligaciones del Estado autonómico garantizado en la Constitución", según la nota.
Asimismo, se indica que a pesar de las dificultades, las comunidades están realizando el "máximo esfuerzo para utilizar los pocos márgenes que deja el mal diseñado RDL 5/2021, de manera que el dinero pueda llegar lo antes posible a quienes cumplan con las complejos e incoherentes obligaciones marcadas por los autores de la norma".
"Y lo están haciendo, diseñando mecanismos de tramitación ágiles, simplificando en la medida de lo posible el proceso de solicitud, y poniendo en marcha todas las herramientas a su alcance para pagar cuanto antes las ayudas resueltas favorablemente, incluso prorrogando y convocando de nuevo con el poco margen posible para garantizar el pago antes del 31 de diciembre", se señala.
Asimismo, se deja claro que la gestión por parte de las comunidades "no está siendo, en ningún caso, el problema. Aun así, es evidente que las ayudas no están llegando a todos los que las necesitan porque el Gobierno de Sánchez niega la realidad y persiste en el error".
Por ello, se considera que el Gobierno "debe rectificar, y debe hacerlo no sólo porque lo exijan las comunidades a las que se encomendó la gestión de los fondos y están comprobando las carencias del sistema diseñado, sino sobre todo porque lo están pidiendo los sectores económicos que, ahora más que nunca, precisan con urgencia liquidez para sus negocios". Denuncian que el presidente Sánchez demuestra una vez más con este real decreto ley "su afán estrictamente propagandista, alejado de las necesidades de la ciudadanía y las empresas y su falta de respeto al estado de las autonomías".
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