El exalcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz) José Ortiz tendrá que acudir a declarar, en calidad de investigado, ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Barbate el próximo 16 de septiembre, tras haber aceptado el Ministerio Fiscal la denuncia presentada por una trabajadora del Ayuntamiento de Vejer contra él por prevaricación y malversación de dinero público.
También han sido llamados a declarar el actual alcalde, Manuel Flor, y el delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, y cuatro concejales municipales.
En la denuncia del bufete de abogados Dávila y Asociados, a la que ha tenido acceso Efe, y que tiene fecha de noviembre de 2014, se tiene en cuenta un informe de la interventora de este Ayuntamiento de septiembre de 2014, donde se exponen una serie de contrataciones públicas que podían presentar "indicios suficientes para la apertura de una causa penal e investigación" contra el alcalde.
La interventora alerta de una actividad "más que sospechosa" en la emisión de algunas facturas por parte del consistorio y que es contraria al procedimiento administrativo en materia de contratación y subvenciones, lo que, a juicio del bufete, "podría incurrir en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".
En la denuncia se presenta como prueba el informe de la interventora que da cuenta de una serie de facturas en las que se incurre en once presuntas irregularidades por parte del gobierno local de Vejer, y de Ortiz, que fue alcalde hasta 2019, cuando renunció al cargo para ser diputado del PP por Cádiz en el Congreso.
Entre las pruebas aportadas por los abogados se encuentran hasta cuatro contratos a la empresa Autos Gonzalo en concepto de "servicio urbano tercera edad pedanías", algo que genera "dudas" sobre la finalidad de los mismos para la interventora, que apunta a un fraccionamiento de contratos para disminuir la cuantía, algo que no se permite en base al artículo 86 de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, recoge la interventora en su informe, "no existe documentación que acredite la formalización de un contrato de gestión de servicio público entre la empresa y el Ayuntamiento de Vejer".
En el escrito que ha consultado Efe, se exponen otra serie de irregularidades en base a una posible desatención de la normativa administrativa, contrataciones arbitrarias, fraccionamiento de contratos y privando de acceso a otras empresas, y falta de documentación y expedientes en algunas contrataciones y servicios.
Sobre varios contratos adjudicados a la constructora Manuel Alba, los abogados aseguran que son "la más clara y patente actuación al margen de la ley" del consistorio al dar por buenas dos facturas del mismo importe y concepto, por casi 50.000 euros cada una, y que fueron validadas por el concejal de Mantenimiento Urbano. En este caso, la interventora recuerda que no se puede contratar de manera separada, mediante expedientes independientes, las prestaciones que "por su naturaleza deberían integrarse en un único objeto".
El bufete Dávila y Asociados expone en los fundamentos de derecho de su denuncia la inhabilitación para empleo o cargo público de 7 a 10 años por prevaricación y penas de cárcel que van de entre tres y seis años por sustracción de caudales públicos y de cuatro a ocho años por malversación.
Tras presentar la denuncia en 2014, es ahora cuando el juzgado ha llamado a declarar al anterior alcalde en calidad de investigado, así como al alcalde actual y al delegado territorial, además de tres exconcejales del PP en el municipio gaditano y el exalcalde socialista, Antonio Jesús Verdú.
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