La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha decidido solicitar autorización judicial para establecer de forma obligatoria la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en los centros residenciales para todos los trabajadores que se nieguen a someterse a los test.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería, y que ha adelantado ABC, las cuales han explicado que la petición de dicha autorización judicial se realiza ante "todos aquellos casos de rechazo" a la realización de la PDIA de los cribados establecidos para los trabajadores de residencias de mayores.
Según precisa ABC, desde la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios "se ha mandado" esta semana una circular a los distritos de atención primaria y áreas sanitarias en la que se ha informado que en "los últimos días se están produciendo rechazos a la realización de PDIA de cribado por parte de algunos trabajadores", al tiempo que ha indicado que ya "se han localizado tres en Huelva".
Este decisión se produce después de que la Junta de Andalucía, a propuesta del Comité de Expertos, reunido este miércoles, acordase incrementar las medidas de vigilancia y control en las residencias de mayores y en centros sanitarios y sociosanitarios debido al aumento de brotes registrados, en los se efectuarán pruebas diagnósticas (PDIA) a todos los trabajadores de estos espacios: cada dos semanas en el caso de vacunados y dos veces por semana para aquellos que no tengan ninguna dosis.
También se realizarán pruebas diagnósticas (PDIA) con 72 horas de antelación en los casos de reingreso a los centros de algún residente aunque esté vacunado.
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