El Gobierno confía en poder avanzar en la segunda mitad del año en la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución para acabar con el término 'disminuido' pese a la amenaza del PP y Vox de tumbarla. Cualquier modificación de la Carta Magna necesita un respaldo mínimo de tres quintos del Congreso, lo que requiere del concurso al menos del PP.
El Consejo de Ministros, a propuesta de la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aprobó un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara Baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.
Este texto, además del cambio del término 'disminuido', propone destacar "los derechos y deberes previstos" en la Carta Magna "en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva" para este colectivo, sin que "pueda producirse discriminación"; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de "políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad".
La reforma se enfrentará a la vuelta del verano a su primer tramite parlamentario, el debate de totalidad, y tanto el PP como Vox tienen registradas sendas enmiendas en el Congreso pidiendo devolver al Gobierno el proyecto.
EXIGE "ESPÍRITU DE SOSIEGO Y PACTO POLÍTICO", DICE EL PP
Mientras que el PP argumenta que reformar la Constitución siempre exige "espíritu de sosiego y de pacto político, justamente dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen", Vox señala que la redacción planteada por el Gobierno "no es adecuada a los fines que persigue, habiendo sido declarada como 'perturbadora' por el propio Consejo de Estado".
De entrada, el PSOE y Unidas Podemos no deberían tener problemas para superar esa votación con el apoyo de sus socios parlamentarios habituales, pero el rechazo de PP y Vox, que suman 140 diputados, amenaza la aprobación final de la reforma, que requiere el voto a favor de los otros 210 miembros de la Cámara, sin que falte ninguno.
Aún con todo, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática prevé "importantes avances" el próximo curso político en la tramitación de citada reforma constitucional que el Ejecutivo impulsó a partir de la propuesta de la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad.
Así se recoge en el informe sobre la rendición de cuentas realizado por el Ministerio de la Presidencia que ahora dirige Félix Bolaños tras la amplia remodelación del Gobierno efectuada a principios de julio por Pedro Sánchez y que ha recogido Europa Press.
SU CONTENIDO ES "INDISCUTIBLE"
Cuando el pasado mes de mayo presentó la reforma ante el Congreso, Calvo, como impulsora del texto, quiso dejar claro que esta reforma no iba a suponer la apertura de un proceso constituyente, ni "abre ningún melón" para tratar otros asuntos. "No es en lo que estamos, no es en lo que está el Gobierno ni de lejos", afirmó, tras plantear algún grupo parlamentario la necesidad de llevar acabo otras reformas de mayor calado.
Recientemente Bolaños, siendo aún secretario general de la Presidencia del Gobierno, aseguró, en unas jornadas organizadas por el PSOE en el Congreso, que la Constitución requiere de reformas, pero admitió que no hay clima político ni suficiente consenso, como lo demuestra la negativa de PP y Vox a abrir el debate de la supresión del termino 'disminuidos'. Una negativa que, apuntó entonces, no garantiza esta reforma puntual de la Carta Magna pese a que, según sus palabras, el contenido remitido a la Cámara Baja es "indiscutible".
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