La junta militar de Birmania anuló los resultados de las elecciones del pasado 8 de noviembre, en los que arrasó el partido de la nobel de la paz birmana, Aung San Suu Kyi, al argumentar un fraude en 11,3 millones de votos.
Las supuestas irregularidades, rechazadas por los observadores internacionales presentes en las votaciones, son la principal razón esgrimida por el Ejército para justificar el golpe de Estado del 1 de febrero que puso fin a la joven e incipiente democracia birmana.
"Hemos encontrado que las elecciones no fueron ni justas ni libres, los resultados de la elección general del 8 de noviembre quedan anulados", indicó Thein Soe, director de la Comisión Electoral formada tras el golpe, recoge este martes el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.
El ente electoral, controlado por los uniformados, también acusa al partido Liga Nacional para la Democracia (LND), encabezado por Suu Kyi y en el poder desde 2015, de abusar de su posición para partir con ventaja frente a otras formaciones políticas.
"La LND hizo un mal uso del poder administrativo y las reglas y regulaciones contra la covid-19 en las actividades electorales, incluida la campaña de otros partidos y representantes del Legislativo, con el objetivo de apoderarse de los poderes del Estado", asegura el representante de la Comisión Electoral.
La Red Asiática para unas Elecciones Libres (ANFREL), que envió a 24 observadores durante los comicios, aseguró en su informe final que los resultados en las urnas, donde se depositaron más de 27,5 millones de votos y en los que arrasó la LND, "son una amplia representación de la voluntad del pueblo birmano" y subrayaron que no encontraron pruebas de que fueran manipulados.
Previamente Soe había reclamado la ilegalización y disolución de la LND por supuestamente orquestar el fraude masivo en las votaciones y pidió que sus dirigentes, entre ellos Suu Kyi, sean juzgados por alta traición.
Tras la toma de poder, la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing se comprometió a celebrar elecciones, sin fijar una posible fecha.
Suu Kyi permanece desde el primer momento del golpe detenida por los militares, quienes han impulsado varios juicios contra la derrocada líder por una serie de variopintos cargos, como corrupción, violar la ley de Secretos Oficiales o vulnerar las normas contra la covid-19.
Tras casi seis meses de la sublevación castrense, la junta no ha logrado controlar todo el país a pesar de la brutal represión contra la disidencia que ha dejado al menos 934 muertos a raíz de la violencia desatada por las autoridades, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
La sangrienta respuesta del régimen no ha logrado frenar el masivo movimiento de oposición popular que con sus huelgas indefinidas pone en jaque a la junta, que también ha visto como algunos manifestantes han tomado las armas contra el Ejército y varias guerrillas étnicas han abierto frentes de combate a lo largo del país.
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