A pesar de que el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de la querella criminal que el PP presentó contra el ex presidente de la Junta por prevaricación y tráfico de influencias en la concesión de una subvención a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), el PP cree que la posibilidad que el Alto Tribunal le ha concedido para presentar alegaciones a los informes de Chaves, de la Fiscalía y de la Consejería de Innovación supone la "evidencia" de que el caso "no está cerrado".
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, explicó ayer en rueda de prensa que este procedimiento "inusual" del Supremo certifica que el tribunal considera que "existen razones para entrar a conocer el caso".
En las 30 páginas que componen las alegaciones presentadas por el PP, queda claro, según Sanz, que Paula Chaves, hija del ex presidente andaluz, era apoderada de Matsa cuando se tramitó la subvención de 10 millones de euros, por lo que Chaves debió inhibirse.
"Es evidente que no es una mera empleada, sino la encargada de tramitar subvenciones. Chaves así lo reconoce ahora. Para el PP es evidente que hay motivo para que el Supremo admita el caso y abra diligencias", dijo Sanz.
El secretario general de los populares andaluces explicó que el PP demuestra en sus alegaciones las irregularidades cometidas y solicita la declaración de, entre otros, el apoderado que formalizó ante la Junta de Andalucía y en nombre de Matsa la petición del incentivo, Francisco Javier López Rubio, quien asegura que Paula Chaves intervino "mucho más allá" de lo que dice Chaves, según Sanz.
Por otra parte, Sanz aseguró que las alegaciones de la Fiscalía para pedir el archivo de la querella no "desmonta" los argumentos del PP ni explica el hecho de que el Ministerio de Industria denegara a Matsa una subvención por el mismo objeto al estar iniciada la actividad de la empresa y, sin embargo, la Junta la concediera a pesar del mismo condicionante.
También, los informes de Chaves, de la Consejería de Innovación y de la Fiscalía obvian que el documento de la Comisión de Valoración que recogía el incremento de tres millones de euros en la subvención no está firmado por el técnico competente, así como que las fechas de la primera y última propuesta del informe técnico datan del 4 de noviembre de 2008 a pesar de haber un informe intermedio con otra fecha.
Además, Sanz destacó la irregularidad que supone el hecho de que la Junta de Andalucía estimara el recurso de reposición presentado por Paula Chaves al requerimiento de la administración andaluza de incrementar el capital social de la empresa en 38 millones de euros a pesar de que sólo se incrementó en 14 millones.
Aludió a errores y contradicciones en los informes, como que el Gobierno andaluz alegue desconocer que Paula Chaves era apoderada de la empresa Matsa y, sin embargo, se dirigiera a ella el 12 de febrero para comunicarle la concesión de la subvención.
Por otra parte, Sanz recordó que también sigue en tramitación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la denuncia del PP por vulneración de la Ley de Incompatibilidades.
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