Fue François Mitterrand el que escribió un libro con este título contra la apropiación de la V República, hecha a la medida del general Charles de Gaulle. Bien es cierto que, cuando le correspondió gobernar, el propio Mitterrand lo hizo de la misma forma de monarca sin corona que su criticado antecesor. Hasta su figura hierática le acompañó en el empeño. Fue mucho más tarde cuando el septenato de mandato presidencial se cambió a un quinquenio, pero el resto de las competencias presidenciales no se modificaron.
Sobre esto, el periodista argentino Tabarovsky reflexiona que “El golpe de Estado permanente hoy lo ejercen los grandes medios de comunicación. Su negocio es la desestabilización diaria, la imposición de la lengua del odio, la censura y la idiotez. El clima social es el de la muerte próxima a la que se la llama libertad”. En nuestro país hay otro síntoma más evidente aún. Se trata de la permanente oposición, que ya ha derivado en bloqueo firme y sin marcha atrás, por el que la actual minoría parlamentaria sigue disponiendo de la mayoría en todos los órganos constitucionales constituidos tras la mayoría absoluta del Partido Popular con Mariano Rajoy. El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, que tienen tasadas sus duraciones en la Constitución de 1978 y en las leyes que la desarrollan son incumplidas de forma flagrante. ¿Cómo se puede llamar a esa postura obstruccionista? ¿Qué autoridad -auctoritas, como legitimidad- pueden seguir disponiendo todos estos organismos caducados en su composición y duración de mandatos? Legalmente sus disposiciones son regulares pero, al ser su mantenimiento fruto de una burda triquiñuela política - no de fraude de ley, sino constitucional-, no disponen de la carga de poder moral necesaria para ser aceptadas sus decisiones con conformidad general.
Hay un difuso golpe blando que comenzó con las reiteradas declaraciones en el parlamento de los partidos Vox y PP sobre la ilegitimidad del gobierno por los más variados motivos -porque estaba Iglesias, por social-comunista, por apoyado por separatistas, por promesas electorales presuntamente no respetadas, etc- ignorando, a sabiendas, que se cumplió escrupulosamente con lo que establece la Constitución sobre la elección del presidente del gobierno en España. La judicialización de la política por la derecha no es nada inocente, es culpable.
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