El 62% de los ciudadanos de la Unión Europea ve la corrupción como un gran problema en su país. Así lo demuestra la encuesta "Barómetro Global de la Corrupción (GCB) - Unión Europea", realizada por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI). El porcentaje no hace más que reafirmar el escepticismo con respecto al fragilizado rol de la Unión Europea como faro en lo que concierne a la justicia. Las cifras ponen en jaque la reputación de la UE que, como lo explica Delia Ferreira, presidenta de TI, “es a menudo percibida como un bastión de integridad”. La justicia europea, a menudo calificada como sinónimo de legitimidad, ya no está exenta de los “efectos insidiosos de la corrupción”. Por eso, hoy más que nunca, la UE debe reforzar su compromiso con las causas anticorrupción y demostrar que está lista para volver a ocupar el papel de referencia en materia de justicia y no el de refugio para la impunidad.
La desconfianza de los ciudadanos europeos tiene que ver, en parte, con la facilidad con la que los poderosos y corruptos logran evadir el laxo sistema judicial de la Unión Europea para cometer delitos transnacionales. Lo que da lugar a un aura de impunidad para aquellos que se aprovechan de las debilidades de una justicia ineficiente que no castiga como corresponde a quienes van contra ella. Ejemplos sobran de quienes utilizan la justicia europea para evadir cargos. Así lo demuestra una investigación reciente del medio británico The Times que recoge los detalles del llamado caso ‘Ablyazov’, considerado uno de los mayores casos de fraude bancario y malversación de fondos a una escala sin precedentes.
El caso hace referencia al nombre del exbanquero, Mukhtar Ablyazov, quien fue acusado por un tribunal kazajo de haber contratado a un intermediario para asesinar al entonces presidente del banco BTA, Yerzhan Tatishev, para así poder tomar el control de la entidad bancaria. Tras ser nombrado presidente del Consejo de Administración del BTA Bank, Ablyazov habría utilizado su cargo para crear una estructura para desviar fondos de los depositantes a sus propias cuentas, a través de una red de más de 300 empresas en el extranjero. Esto es lo que descubrió la justicia británica, luego de que Ablyazov huyera hacia ese país tras el asesinato de Tatishev.
Tras el largo proceso judicial, en 2012, el tribunal británico dictaminó que Ablyazov había cometido graves y repetidas infracciones y lo condenó a 22 meses de prisión por desacato, luego de que el acusado no se presentara a dar explicaciones. Los jueces que decretaron su sentencia consideraron que el exbanquero había mentido bajo juramento de forma “notable y descarada”. La magnitud del caso fue tal que otro de los jueces de la causa aseguró jamás haber visto una parte en un litigio comercial que “haya actuado con más cinismo, oportunismo y desvío hacía las órdenes judiciales que el Señor Ablyazov”. Tras la condena, Ablyazov fue detenido y todo indicaba que por fín se haría justicia. Sin embargo, tras un giro inesperado, el exbanquero consiguió huir y obtener asilo político en Francia, donde reside actualmente. Mientras tanto, Ablyazov es buscado por Kazajistán, Rusia y Ucrania por malversación de 5.000 millones de dólares. Por su parte, el Reino Unido quiere que sea extraditado por la sentencia de desacato.
El desencanto con la justicia europea queda reflejado en las palabras de Yerkin Tatishev, hermano del banquero kazajo asesinado en 2004. “Siempre miramos a Occidente y vemos al Reino Unido o al sistema europeo como algo que es mucho mejor que nuestro sistema, donde la verdadera justicia funciona”, he declarado recientemente Yerkin en el extenso artículo publicado por The Times. La falta de confianza de Yerkin Tatishev en la justicia europea es producto de la libertad de la que goza Ablyazov en la lujosa Costa Azul francesa, hacia donde escapó evadiendo la orden de arresto en su contra. A pesar de las acusaciones y de todas las pruebas en su contra, Ablyazov logró convencer a las autoridades francesas de que existe una motivación política detrás del pedido de arresto y así obtuvo el asilo político. Una estrategia a la que recurren los acusados cuando ya no tienen más cartas que jugar. Después de todo, Ablyazov no es el primero, ni el último en usar la victimización política para tapar sus delitos y protegerse de la justicia. Pero lo que llama la atención es que un país de la Unión Europea le haya dado refugio a una persona con un historial semejante y que no le dé la oportunidad a la justicia de juzgarlo. Lo que para el hijo del fallecido Tatishev, representa un gran dolor. Según sus declaraciones, lo que le resulta incomprensible es que quien haya coordinado el asesinato hoy esté libre en Europa. Hecho que contrasta con la imagen de fortaleza de la justicia europea que busca una y otra vez, demostrar una mano dura contra los actores corruptos que amenazan la estabilidad en la región.
Sobre todo en un momento en el que prima la sensación de desconfianza tanto en los gobiernos nacionales, como en las instituciones de la UE, como lo confirma la encuesta de Transparencia Internacional. Es por eso por lo que resulta fundamental que la Unión priorice la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Sin duda, la creación de la Fiscalía Europea (EPPO) que entró en funcionamiento hace apenas un mes, va en esa dirección. Un esfuerzo conjunto de los Estados miembros para combatir el fraude en el seno de la UE.
Según Concha Sabadell, fiscal española en el núcleo del organismo, la creación del mismo supone “un paso que nunca se había dado y especialmente en el ámbito del Derecho penal”. Además, espera que el organismo sea un "revulsivo" contra la corrupción que, en sus palabras, “afecta a la estructura del Estado y va pudriendo el sistema democtrático”. Por eso el EPPO quiere llegar a todos los niveles y perseguir las infracciones que perjudiquen al presupuesto de la UE. Algo fundamental, teniendo en cuenta que los Estados miembros pierden al menos 50.000 millones de euros al año en ingresos por IVA como consecuencia del fraude transnacional.
Si hasta el momento, estas infracciones solo podían ser investigadas por las autoridades nacionales, ahora la Fiscalía Europea irá más allá y podrá realizar investigaciones transfronterizas sobre casos de fraude en materia de IVA o fraude relacionado con fondos de la UE. Un punto especialmente importante en este contexto en el que toda la atención está puesta en los fondos de recuperación y resiliencia de la UE cuyo objetivo es impulsar las economías tras la pandemia del Covid-19. Un plan que moverá más de 800.000 millones de euros, de los cuales España recibirá 140.000, siendo el segundo país que más fondos captará. De aquí la importancia de reforzar los controles para garantizar que las ayudas se traduzcan en beneficios para los ciudadanos y no que queden en manos de unos pocos privilegiados.
Indudablemente, se trata de un paso en la dirección correcta para recuperar la confianza de los ciudadanos, pero también para reforzar la proyección de la justicia europea en el exterior y dejar en claro que los corruptos no serán bienvenidos con los brazos abiertos, sino juzgados por sus delitos.
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