El presidente de la compañía Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sido imputado por el juez Manuel García-Castellón por haber encargado supuestamente al excomisario Villarejo investigar a personas -políticos, colectivos y medios de comunicación- contrarios a la construcción de la central térmica en Arcos. En concreto, se le imputan delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Además, la Justicia imputa a otros directivos de la empresa al encontrar supuestas pistas sobre la existencia de una de las mayores tramas de corrupción en nuestro país. De esta forma, el juez acepta la denuncia planteada a través del Ministerio Fiscal.
El magistrado cree que existen indicios de las acusaciones planteadas al aparecer en la contabilidad de la eléctrica un total de 15 facturas sin pedido, emitidas y abonadas por algo más de un millón de euros al grupo Cenyt, la trama maquinada y organizada supuestamente por el excomisario José Manuel Villarejo para justificar los servicios prestados durante su actividad profesional como policía. Además, según la denuncia, con el conocimiento de Sánchez Galán. Estos hechos se habrían producido entre 2004 y 2017. El objetivo de las tareas de espionaje sería eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de la central de ciclo combinado en Arcos, aunque los delitos imputados al presidente de Iberdrola son además por otras causas ajenas a la ciudad.
En mayo pasado, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía trasladó a la Justicia una serie de grabaciones telefónicas entre José Manuel Villarejo y el jefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, que también está imputado. En esos audios se escucha al parecer al excomisario exigir más dinero por su trabajo.
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