Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Cádiz una organización dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos y a la explotación laboral. Las víctimas eran captadas en Honduras, de donde eran originarias y donde les proporcionaban toda la documentación necesaria para viajar a España.
La explotación laboral de las víctimas se producía a través de dos empresas ubicadas en la provincia de Cádiz dedicadas al cuidado de personas mayores o impedidas, propiedad de varios miembros de la organización. Las víctimas solían trabajar como internas en los domicilios de las personas que cuiUna vez que llegaban a territorio español, se les retiraba el pasaporte y se les exigía el pago de una deuda que oscilaba entre los 4.000 y los 6.000 euros. Para hacer frente a esa deuda, "las víctimas eran explotadas en dos empresas dedicadas al cuidado de personas dependientes, sin contrato, con largas jornadas de trabajo y un salario ínfimo", informa la Policía en una nota de prensa.
La investigación comenzó gracias a la denuncia de varias personas que decían ser víctimas de una organización que les explotaba laboralmente. Los supuestos cabecillas eran una mujer y su hijo --de origen hondureño y nacionalidad española--, "que eran los encargados de captar en el país centroamericano a personas en situación vulnerable, a quienes ofrecían un trabajo en España".
Asimismo, eran los responsables del traslado entre ambos países, realizando todos los trámites necesarios para la adquisición de los billetes de viaje, pasaportes y cartas de invitación.
Las víctimas eran recibidas en el aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez por otro miembro de la organización que las trasladaba hasta Cádiz. Allí eran alojadas en un piso alquilado por el entramado, donde les retiraban el pasaporte y cualquier otra documentación que poseyeran. Además, les comunicaban que habían contraído una deuda que podía oscilar entre los 4.000 y los 6.000 euros.
La explotación laboral de las víctimas se producía a través de dos empresas ubicadas en la provincia de Cádiz dedicadas al cuidado de personas mayores o impedidas, propiedad de varios miembros de la organización.
Tras analizar toda la información recopilada, los agentes llevaron a cabo el correspondiente dispositivo operativo, que culminó con el registro de dos domicilios en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y la detención de ocho personas --los dos cabecillas han ingresado en prisión--. Además, se han intervenido intervenido 1.000 dólares, 500 euros y "abundante documentación probatoria".
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