El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este viernes dos años y medio en funciones sin que se vislumbre un acuerdo entre el Gobierno y el PP para su renovación, mientras 38 cargos judiciales están vacantes o bloqueados ante la imposibilidad de realizar nombramientos discrecionales con el mandato caducado.
La reforma legal que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos y que impide al CGPJ cubrir esas vacantes buscaba presionar a los populares para sentarse a negociar, pero por el momento no ha surtido efecto.
El último escollo son los posibles indultos a los condenados por el "procés", una medida de gracia que el PP asegura que le impide sentarse a negociar con el Gobierno, ya que no se fía de él.
Esa desconfianza ha llevado a su líder, Pablo Casado, a exigir que se reforme el sistema de elección de los miembros del CGPJ antes de elegir a los nuevos vocales, pero el Gobierno no está dispuesto y sostiene que primero hay que renovar, y luego hablar de cambios.
Así las cosas, según informan a Efe fuentes del CGPJ, en estos momentos hay 38 cargos de nombramiento discrecional vacantes (ya sea por jubilaciones, fallecimientos o finalización de mandatos), entre ellos nueve magistrados del Supremo (el 11 % del total).
Tampoco se pueden convocar diecisiete plazas en tribunales superiores de justicia, entre ellas cinco presidencias, y doce presidencias de audiencias provinciales, cargos en los que siguen en funciones sus antiguos ocupantes cuando el mandato acaba.
El actual sistema de elección de los miembros del CGPJ, por mayoría de tres quintos del Parlamento, está en vigor desde 1985, a pesar de que las principales asociaciones de jueces, como recomiendan las instituciones europeas, reclaman desde hace años que los jueces elijan directamente a al menos la mitad de los vocales para evitar la politización del órgano.
A lo largo de las últimas décadas populares y socialistas han preferido negociar la composición del Consejo en base a sus respectivas mayorías parlamentarias, dejando entrar a fuerzas nacionalistas o minoritarias, según legislatura.
Y así decidieron actuar en 2018, cuando acordaron los nombres de los veinte nuevos vocales y eligieron al magistrado del Supremo Manuel Marchena para presidirlos.
Pero Marchena declinó la oferta reivindicando su independencia después de que se filtrara un wasap del entonces portavoz del PP en Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía el pacto alcanzado con los socialistas porque controlarían "la Sala Segunda (del Supremo) desde detrás".
El acuerdo se rompió y los populares incluso presentaron una proposición de ley para cambiar el sistema de elección de los vocales, pero con la nueva legislatura aparcaron la propuesta y volvieron a negociar con los socialistas.
En varias ocasiones el pacto ha estado próximo, pero dos años y seis meses después aún no ha visto la luz.
Desde el PSOE acusan al PP de incumplir el mandato constitucional y bloquear siempre la renovación del CGPJ cuando llega a la oposición -lo hizo entre 2006 y 2008-, mientras que los populares inciden en que no pueden confiar en el Gobierno de Sánchez y dejar para después la reforma del órgano de gobierno de los jueces.
Siguen rechazando además que entren en el nuevo Consejo vocales a propuesta de Podemos, como el juez José Ricardo de Prada, una candidatura defendida por el Ejecutivo y que hizo saltar por los aire el principio de acuerdo que se vislumbraba el pasado febrero.
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