El Pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer por unanimidad la Ley autonómica de municipios de gran población, que regula los requisitos para el acceso de las ciudades andaluzas a la condición de Municipio de Gran Población, en desarrollo de la Ley estatal 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
La nueva normativa se aplicará a los municipios andaluces que sean capitales de provincia y cuya población no supere los 175.000 habitantes, así como a los que tengan más de 75.000 habitantes y presenten especiales circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales. También regulará el acceso a esta categoría de los municipios que sean sede de instituciones autonómicas. Por el contrario, se excluyen los de más de 250.000 habitantes y las capitales de provincia con más de 175.000, ya que el acceso de estas ciudades a la condición de Municipios de Gran Población se regula directamente por la legislación estatal.
La Ley establece los requisitos y el procedimiento básico para que las localidades andaluzas cuyos plenos municipales así lo decidan por mayoría absoluta, puedan incluirse en esta catalogación, que conlleva un régimen organizativo y de funcionamiento distinto al del resto de corporaciones locales. Las iniciativas adoptadas en este sentido deberán ser ratificadas posteriormente por el Parlamento de Andalucía.
Las ciudades que accedan a la condición de Municipios de Gran Población podrán adoptar en sus corporaciones el régimen organizativo recogido en el Título X de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Entre otras posibilidades, este régimen permite incorporar la figura del delegado municipal no electo o la creación de órganos como oficinas del defensor del ciudadano. Los ayuntamientos también podrán organizar sus plenos de manera que una persona distinta al alcalde pueda ocupar la presidencia de las sesiones.
Las ciudades que podrán acogerse a esta nueva normativa autonómica y solicitar su acceso a la condición de municipio de gran población son Huelva, Cádiz y Jaén, como capitales de provincia de menos de 175.000 habitantes, y El Ejido (en Almería); Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando (en Cádiz); Marbella (en Málaga),y Dos Hermanas (en Sevilla), como localidades de más de 75.000 habitantes.
Estos municipios podrán sumarse a los que ya han sido declarados de gran población en virtud de la legislación estatal: Córdoba, Málaga y Sevilla, por tener más de 250.000 habitantes, y Almería y Granada, por ser capitales de provincia de entre 175.000 y 250.000 personas.
Para la Junta, esta norma es un instrumento "de refuerzo de la autonomía local, otorgando a los ayuntamientos de mayor densidad demográfica la posibilidad de asumir un régimen organizativo distinto para dar una mejor respuesta a las necesidades derivadas de las diferentes dimensiones territoriales y de la composición demográfica de cada municipio".
Unanimidad en materia de municipalismo
La consejera de Gobernación, Clara Aguilera, deseó que la unanimidad generada en torno a esta ley sea la senda que se siga en un futuro en torno al municipalismo andaluz y que haya consenso y un gran pacto en torno a las leyes de Régimen Local y de participación de las corporaciones locales en los tributos de la comunidad.
El diputado del PSOE Juan Paniagua indicó que los socialistas y la Junta continuarán liderando las iniciativas en materia de municipalismo, admitiendo en todo momento las dificultades financieras que atraviesan las corporaciones locales. Aludió a las importantes mejoras técnicas y políticas que se han introducido en la ley durante el trámite parlamentario en comisión, así como al importante nivel de diálogo que ha existido.
Por su parte, la diputada del PP y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, dijo que se trata de una ley de consenso y que permite ver y visualizar como los ayuntamientos tienen que ser una prioridad en esta legislatura. Agradeció la buena disposición que ha existido en todo momento por parte de la consejera de Gobernación y al PSOE en la tramitación de esta norma, ya que ha habido incorporación de enmiendas del PP.
El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, manifestó que es oportuna esta norma, la primera en materia local tras el nuevo Estatuto de Autonomía, y puso el acento en que los ciudadanos no vean "lesionados" sus derechos, en virtud de cómo IU entiende el municipalismo.
A la ley se incorporó una enmienda del PSOE que amplía el artículo 4 de la ley, de manera que recogerá que el Parlamento regulará los procedimientos para llevar a cabo la toma de decisión, por la cual se determinará la inclusión o no de los municipios interesados en el régimen de organización de los municipios de gran población, establecido en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril; que el procedimiento aplicable a los municipios capitales de provincia o sedes de instituciones autonómicas, se limitará a constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso a dicho régimen, y que para la inclusión en el régimen de organización de los municipios de gran población de aquellos cuya población supere los 75.000 habitantes y que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, el procedimiento deberá preverlos trámites necesarios para la valoración de estas particularidades.
El PP planteó una enmienda a este artículo, que no fue aceptada por el PSOE, en la que se planteaba que el Parlamento "someterá a aprobación en el plazo máximo de tres meses la solicitud presentada conforme a los requisitos establecidos en el artículo 3 (que regula las condiciones para poder optar a municipio de gran población)".
Ley de convivencia escolar
Por otro lado, el Parlamento de Andalucía rechazó ayer, con los votos en contra del PSOE-A y IULV-CA, la toma en consideración de la Proposición de Ley relativa a convivencia escolar presentada por el PP-A, que ya contaba con el criterio contrario del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por considerar que ésta pretende establecer un marco normativo que "rebasa el ámbito competencial de la Comunidad".
Dicha normativa tenía como objeto "lograr un adecuado clima de convivencia escolar en los centros educativos, el respeto del alumnado a todos los miembros de la institución educativa de la que forma parte y muy especialmente al profesorado, así como la aceptación por parte de los padres de su responsabilidad en la educación de sus hijos".
Además, la citada normativa propuesta por el PP-A y de aplicación en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad, establecía el marco normativo para que los centros educativos elaboren sus propios planes de convivencia y establezcan las pautas que garanticen el cumplimiento de los mismos.
En su defensa de la proposición de Ley, el diputado popular Santiago Pérez aseguró que el deterioro del clima de convivencia requiere que se aborde este asunto tan esencial para la vida de los centros educativos desde el realismo de una situación "que no permite ni posiciones ambiguas ni más experimentos".
Asimismo, apuntó que la falta de respeto a las normas, y muy especialmente al profesorado, exige tomar medidas que atajen de forma contundente los comportamientos incorrectos, tales como reforzar la autoridad de los profesores; inculcar en los alumnos que sus derechos tienen como contraprestación la asunción de obligaciones; implicar a los padres en el proceso educativo de sus hijos con la asunción de la responsabilidad que les corresponde en el mismo, y dotar de medios humanos y materiales a los centros educativos para el desarrollo de las actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia, junto con la autonomía de los centros educativos como instrumento para la adopción de las medidas más pertinentes, son cuestiones inaplazables.
Además, consideró necesario practicar una política de prevención constante entre el alumnado, de forma que la tolerancia, el buen comportamiento y el respeto formen parte de sus valores más esenciales. "La educación de personas libres, críticas, responsables y bien formadas es una misión imposible sin valores tan fundamentales como el respeto y la tolerancia", agrega.
Por último, Pérez señaló que el destacado papel que ocupan los burócratas en la ordenación académica, muy por encima de la opinión de los grandes profesionales de la educación, los profesores, y la desaparición de valores tan necesarios como la disciplina, el esfuerzo o la responsabilidad han coadyuvado, entre otros motivos, a acrecentar este problema.
En su turno de palabra, el diputado de IULV-CA Ignacio García aseguró que el modelo educativo que propone el PP es "diametralmente opuesto" al que defiende su formación, al tiempo que aseguró que los populares magnifican el problema de la convivencia escolar, "que no es el central en la educación, sino que hay otros derivados de la falta de medios y del recorte presupuestario".
Asimismo, García aseguró que la citada propuesta de Ley "no aporta nada especial, ni significativo a lo ya existente, y en muchos casos, supone un retroceso". Y es que, según explicó el diputado de IULV-CA, las expresiones correcciones y medidas disciplinarias aparecen 35 veces cada una en la normativa.
"Esta propuesta peca de un exceso de catálogo de sanciones y faltas, cuando una normativa para favorecer la convivencia, debe ser hecha para atraer al alumno al centro y no para expulsarlo", manifestó García, quien lamentó que al concepto de prevención "sólo se le dedique varias líneas".
Por su parte, la diputada socialista María Araceli Carrillo, que dijo tener el convencimiento de que el PP tenía guardada en la recámara esta iniciativa, a la espera de que se produjera un caso mediático de violencia escolar, aseguró que dicha propuesta se enmarca en la campaña de "desprestigio" que el PP-A hace del sistema educativo andaluz.
"El PSOE-A y la Junta de Andalucía han abordado con coherencia y seriedad los problemas que han surgido en la convivencia escolar, poniendo en marcha múltiples iniciativas, siempre pioneras", apuntó Carrillo, quien añadió que no hay ninguna comunidad autónoma que vaya por delante de Andalucía en esta cuestión.
Y es que, según señaló, una de las iniciativas que ha servido de modelo al resto de comunidades, incluso gobernadas por el PP, ha sido la creación de un observatorio permanente de violencia escolar. "Andalucía fue la primera comunidad en regular un tema tan importante como la convivencia escolar, desde la prevención y no la represión, como pide el PP", concluyó.
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