Víctor Francos no rehúye ninguna pregunta y es meridianamente claro. “Tengo la constumbre de decir la verdad a la gente”, remarca el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, quien defiende con verdadera pasión los dos grandes proyectos del Ministerio dirigido por Miquel Iceta: la digitalización de la administración, por un lado, y “la estabilización de 300.000 funcionarios con o sin presiones” y el cambio del acceso, sin que la memorística sea el único criterio, por otro. También aborda con claridad dos temas de máxima actualidad: la crisis con Marruecos y la responsabilidad de las comunidades autónomas tras el estado de alarma
A finales de marzo, el ministro Miquel Iceta y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, decidieron abrir un canal de comunicación estable para abordar, entre otras cosas, frontera y presión migratoria. Pero esta crisis, ¿era imprevisible?
–En los planes nunca está una crisis de este tipo. Se producen tensiones periódicas con Marruecos, eso sí. ¿A partir de esta crisis tenemos que extraer conclusiones? Siempre, la primera es intentar que no vuelva a pasar.
¿Qué papel ha jugado el Ministerio en esta crisis?
–Tiene una función muy relevante en cuanto a la Delegación del Gobierno. La primera cosa que hicimos fue enviar al director general de la Administración General del Estado en el territorio a Ceuta para la coordinación de las policías y de las políticas de seguridad e inmigración.
¿Prevé el Ministerio el modo en que puede afectar a Andalucía?
–El Ministerio no tiene competencia concreta, pero como dice Iceta, este es el Ministerio de los acuerdos. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Nosotros como Gobierno tenemos muy claro que es una crisis ajena a la política autonómica y seremos responsables a la hora de que no pague una comunidad autónoma. Eso no va a pasar. Tenemos claro que en el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas), tanto el Ministerio de Inclusión como el de Asuntos Sociales, que han convocado a las comunidades autónomas, buscaran un buen acuerdo. Tengo la sensación, no obstante, que la crisis en números acabará siendo menor de lo que aparentemente parecía.
Seremos responsables a la hora de que no pague una comunidad autónoma la crisis de Ceuta”
Lo decía porque Vox tensa la cuerda y rompe con la Junta por aceptar menas.
–Eso es el problema de quien pacta con Vox; nosotros, como no tenemos pactos con Vox, no tenemos esos problemas.
El otro gran frente del Ministerio de Política Territorial es el sanitario. ¿No cree que ha calado la idea de que el Gobierno ha descargado toda la responsabilidad en las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo?
–Soy un federalista convencido. España es un país descentralizado y, por lo tanto, la gente tiene que saber que cada uno tiene que asumir sus competencias. Lo que no vale ahora es decir “yo quiero las competencias para poner los horarios de los bares menos cuando tenga que cerrarlos, cuando haya que cerrarlos, quiero que los cierre usted”. Pues, mire, no. Las competencias de los horarios de los bares las tiene que tener usted para abrirlos y para cerrarlos. A la gente, que es sensata, que es adulta, hay que hablarle claro. El Gobierno ha llevado en multiples ocasiones estados de alarma al Congreso. El PP planteaba que quería un estado de alarma pero pedía que lo hiciéramos sin sus votos. Hombre... El Gobierno de España ha tomado las decisiones que tenía que tomar durante muchísimos meses y ahora estamos en un momento de desescalada, le toca a las comunidades asumir sus competencias. Claro que no es cómodo, pero ¿era cómodo para el Gobierno hace un año tener toda España cerrada? No lo era y lo hizo.
Por lo tanto, que no haya una desescalada igual es normal, no un desbarajuste.
–A mí lo que me parecería una irresponsabilidad sería lo contrario. No hay los mismos datos epidemiológicos en todas las comunidades. Además, se encuentran en una situación en la que, más allá de los normales y justos aspacientos cuando vemos algunos excesos, tienen una ciudadanía que ha cumplido de forma extraordinaria. Seamos responsables, no vale lo del embudo estrecho para el otro y el ancho para mí.
En la provincia de Cádiz, de las casi 50.000 propuestas de sanción por incumplimiento de la normativa anti Covid solo se han finalizado unos 2.300 expedientes. ¿Hay atasco?
–No hay atasco, hay colapso. Por suerte, el sistema sancionador de las delegaciones del Gobierno no está preparado para tener un volumen de sanciones como el que hemos tenido y, por lo tanto, sí, hay un absoluto colapso que creemos que debemos ir trabajándolo sin que requiera soluciones extraordinarias, más bien continuadas en el tiempo, poco a poco. Ahora, en estos momentos, en el que tenemos muchas cosas que hacer en el Servicio Público de Empleo (SEPE), con la tramitación de certificados digitales o trámitación de inmigración, no vamos a destinar recursos por encima de la media para poner sanciones a los ciudadanos. De hecho, el Gobierno jamás quiso sancionar, lo que quería era poner medidas que impidiesen crecer a la pandemia. No había voluntad recaudatoria.
El Gobierno lleva meses hablando de la recuperación y los fondos europeos son claves. Al respecto, alcaldes de todo signo político reclaman al Gobierno que incremente el volumen que gestionarán del cuatro y pico a casi el quince por ciento. ¿Cederán?
–De lo que le puedo hablar es de los fondos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública: ni el cinco ni el quince, el 40%. El 40% de los fondos europeos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública van a los ayuntamientos, a los entes locales, para ser más precisos, porque alguno fondos serán gestionados por las diputaciones para los municipios pequeños. Es un compromiso del ministro Iceta transmitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Europa no va a permitir contratar a personal en la administración con cargo a los fondos europeos”
¿A qué se podrán destinar?
–La voluntad del presidente del Gobierno es que los 140.000 millones de fondos europeos sean un verdadero motor de cambio de la economía, que transformemos el fundamento de la economía española a una economía moderna, digitalizada, de futuro, energéticamente sostenible y que sea capaz de asumir el reto de que la España que pasa dificultades por la tensión demográfica pueda sobrevivir. En nuestro caso, los fondos se destinarán a proyectos de transformación y digitalización de la administración. Hoy (por el miércoles) le decía al presidente de la Diputación de Sevilla que vaya pensando en proyectos porque tendrán dinero.
Algunos alcaldes, como el del El Puerto, pide más personal y una normativa más eficaz para ejecutar proyectos.
–Europa no va a permitir contratar personal con cargo a los fondos europeos. Tengo la buena costumbre de no mentirle a la gente. No va a haber más personal para fondos.
No teme que eso pueda impedir su ejecución.
–No tendría por qué. En nuestro caso, la mayoría de los ayuntamientos tenían el proyecto pero no tenían el dinero. No creemos que sea importante. Además, los fondos son para un gasto muy concreto y de vigencia temporal, tres años, no para contratación. Cuidado con generarnos gastos que no podemos afrontar.
La mayoría de las solicitudes de información que generan polémica no la hacen ciudadanos de a pie”
Por un lado, el ciberataque que colapsó el SEPE; por otro, la brecha digital puesta de relieve por la pandemia. ¿Se tienen en cuenta estos problemas ante la digitalización de la administración?
–La digitalización no es una apuesta del Gobierno, es un hecho del mundo. Puedo estar de acuerdo o no con que mañana salga el sol, pero mañana, a las siete y diez, el sol sale. La digitalización es como ese sol. Somos conscientes de la brecha digital. Tengo que hacer un agradecimiento especial a la administración local que ha tenido que hacer frente a esa brecha digital durante toda la pandemia, dando servicio a ese ciudadano que no tenía las competencias digitales, no tenía los medios económicos para tenerlas o simplemente no quería. Pero las cosas pasan al final un poquito por obligación. El otro día, en una reunión en Teruel con empresarios y agentes sociales decía que pensábamos que en España estaba implantado el certificado digital, pero solo se ha implantado cuando ha hecho falta de verdad. Para mi abuela, no poder actualizar su libreta en el banco era un drama, no entendía que no podía ir a buscar quince euros a la caja. Ahora todo el mundo sabe que si no vas con tarjeta al cajero, no hay quince euros. Esa es la realidad. No estoy diciendo que hay que empujar a la gente, hay que acompañarla porque somos conscientes de que hay brecha digital y que los temas que nos ocupan van a generar problemas en un reducto de gente muy mayor o de estratos sociales más bajos, pero podremos encontrar soluciones.
En cuanto a función pública, el Ministerio ha presentado un ambicioso plan para reducir la temporalidad en las administraciones públicas.
–Vamos a estabilizar a 300.000 funcionarios en los próximos tres años que son los que están en abuso de temporalidad. No son 500.000, no son 600.000, no son 800.000 ni 900.000, ni mucho menos son un millón. Hago un llamamiento de responsabilidad a las plataformas. No vale todo, no vale cada mes subir 100.000 pensando que así hay más presión porque, entre otras cosas, pagamos las nóminas, es decir, sabemos cuántos hay. Hemos hecho los números y nos salen unos poquitos más de 300.000 y los vamos a estabilizar.
¿Cómo lo harán?
–Vamos a hacer tres cosas que son muy sencillas y muy complicadas a la vez. Primero, vamos a hacer una modificación que impida que esto vuelva a pasar. Segundo, vamos a hacer un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que las tasas de reposición respondan efectivamente a lo que la administración defiende que es que en aquellos ámbitos en que se requiera más personal porque lo que se jubila no se repone, no tenga ese problema y se ponga lo que se necesita. Y tercero, vamos a estabilizar a la bolsa que efectivamente sufre abuso de temporalidad.
¿Qué tipo de pruebas tendrán que superar?
–Le decía a los interinos de la Diputación de Sevilla que no le dejaremos que vayan a unas oposiciones libres contra gente joven que memoriza rápido. Para las personas que vamos a estabilizar, queremos que el 40% de la nota sea por concurso por sus méritos y capacidades adquiridos, evaluar que lo que ha hecho vale, y el 60% de la nota, por medio de oposición que tienen que responder con cosas lógicas. Me explicaban que se suspenden a los médicos en la prueba oral y yo pensaba que lo que quiero es que me operen bien, no que hablen bien. Quiero decir con esto que estamos haciendo una cosa muy ambiciosa: cambiar el sistema de acceso. Se han levantado en armas algunos cuerpos diciendo que la memorística es muy importante. Sí, la memorística es muy importante pero la memorística no puede ser la única base de acceso a la administración pública. Hay muchas otras cosas. De hecho, conozco a gente que se lo sabe todo y no sabe hacer nada. Tenemos que combinar las dos cosas, saber y saber hacer.
O sea, que los aspirantes a la Policía Nacional no tendrán que conocer todas las palabras del diccionario como denuncian algunos opositores.
–Imagino que no es así, que es una reducción al absurdo de alguna prueba, pero a mí me cuesta pensar, pues eso, que un médico pueda suspender porque no habla bien si yo lo que quiero es que cure bien. Es un proyecto ambicioso, sabemos que vamos a encontrarnos con muchísimas reticencias, pero para que quede claro, cómo decís los periodistas, eso de dame el titular: vamos a hacerlo independientemente de las presiones, que nadie piense que presionando lo va a evitar. Vamos a cambiar la administración y vamos a cambiar el sistema por el cual la gente prepara oposiciones para los cuerpos de la administración.
¿Quedaron contentos los interinos?
–Eso se lo tiene que preguntar a ellos. Pero tengo la sensación que como mínimo se han sentido tratados con mucha educación y han sentido que les decía la verdad.
Es un desperdicio político poner a Pere Aragonès, marioneta de Waterloo, al frente del ‘Govern”
Vox denuncia que le dan los nombres, currículos y responsabilidades del personal eventual contratado en las delegaciones del Gobierno. ¿A qué se apela para negar determinada información?
–Se apela a que hay información que no tiene que darse porque la ley establece que no tiene que darse. Si a Vox le preocupa tanto, que registren un escrito en el Congreso solicitando que se incumpla la ley. Que lo dejen claro y se pongan a la altura de otros que tanto critican.
¿El Reglamento de la Ley de Transparencia contemplará este tipo de cosas?
–La transparencia hoy se ha convertido en un sistema por el cual se establece un mecanismo periodístico para conocer datos que no interesan en gran medida a mucha gente. Eso es la verdad. Nosotros estamos encantados de ser transparentes pero es que ser transparente no es estar al servicio de que alguien bloquee la administración. Vengo del Ministerio de Sanidad, he sido director del Gabinete de Salvador Illa y nosotros, no voy a entrar en la valoración, hemos estado luchando con más o menos acierto contra una pandemia y estábamos colapsados de trabajo porque había gente que quería información que no tenía ningún interés en materia de pandemia y además que sabían que no tenía ningún interés en materia de pandemia. Hay que ser un poco serios. La gente tiene que saber que la mayoría de solicitudes de información de las que después se genera polémica no las hacen los ciudadanos de a pie. Tienen que saber que el sistema de acceso a la información está pensado para que un ciudadano de forma legítima, de buena fe, de forma voluntaria, pregunte cosas que puedan tener un interés de buena fe. Pero no ha sido así, me he sentido colapsado.
¿Tanto?
–No me he encargado de estos temas personalmente, me he encargado de revisarlos, pero he visto a gente del Gabinete pasarlo muy mal por tener que hacer respuestas de cosas que decía pero qué interés tendrá. Por ejemplo, ¿tú crees que es normal que nos pregunten qué comida compra no sé qué alto cargo que evidentemente ni compra comida ni tiene presupuesto para comprar comida? ¿Qué voluntad tiene eso? Eso tiene una voluntad diferente al acceso a la información pública. Hay materias que no es que sean reservadas, pero, por ejemplo, saber cuántos metros cuadrados tiene la vivienda de un ministro, pues sinceramente me parece que es una pregunta, déjame decirlo de una manera que a lo mejor los millenials no lo entendería, que amarillea.
Permítame que le pregunte, tanto por su vinculación personal, profesional y política, como por su responsabilidad al frente del Ministerio de Política Territorial, ¿qué opinión le merece el pacto de Gobierno en Cataluña?
–Si el independentismo suma, pacta. El independentismo sumaba y ha pactado. ¿Consecuencias? El independentismo sabe que la independencia es imposible, saben que su proytecto ha fracasado y que ha fracasado par amuchos años, tanto que en el fondo su pelea es ver cómo gestionan el fracaso. Es una cosa bastante tremenda porque ahora por lo que se están peleando es por ver cómo pueden generar una nueva confrontación, no cómo solucionar el problema. Fíjate que su gran discusión ha sido sobre el Consell de la República, es decir, sobre ver quién controla el elemento que va a generar problemas, no soluciones. Es una locura. Creo que los independentistas de buena fe, que yo creo que los hay, la mayoría, se sienten avergonzados. Les han explicado cosas que nunca iba a pasar: en 2014, seremos independientes... tururú; en 2017 haremos un referéndum efectivo... tururú. Me entristece ver a mi país así. Además, a mí me parece que Illa sería tan buen presidente para Cataluña, con sensatez, con cuajo, con experiencia, que es un desperdicio político poner a Pere Aragonès, una marioneta de Waterloo, al frente de una cosa que no sabemos cuánto dudará al final.
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