Hace 30 años se fundaba en Barcelona la primera entidad cannábica de España, la Asociación Ramón Santos de Estudios Cannábicos, que conseguiría seis años después, en 1997, un fallo judicial favorable a ciertas actividades de consumo compartido de cannabis, un "vacío legal" que se alarga hasta hoy.
Tras ese fallo, las asociaciones cannábicas se han ido multiplicando en España, una trayectoria que ha detallado a Efe el secretario de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya (catFAC), Eric Asensio, quien defiende que el siguiente paso de las asociaciones debería ser una nueva regulación estatal.
En 1997, la Asociación Ramón Santos avisó a la Fiscalía de que iba a constituir un cultivo compartido y, aunque no lo llegó a culminar, la resolución judicial que vino a raíz de esa acción dio un espacio a las asociaciones cannábicas para constituirse en el marco legal existente.
La jurisprudencia indica que no será constitutivo de delito un cultivo organizado dentro de una asociación legalmente constituida, para un consumo de un círculo cerrado de personas, y con una declaración específica de las cantidades que necesita cada persona, entre otras especificidades.
El mayor ascenso en el número de asociaciones se dio a partir de 2012, cuando el municipio tarraconense de Rasquera celebró una votación popular para decidir acoger o no un cultivo de una asociación de Barcelona, que acabó con un 'sí' a favor del cultivo.
La noticia de la votación circuló incluso fuera de España y, según explica Eric Asensio, sirvió para que muchas personas conocieran las asociaciones cannábicas como una vía para tener un acceso al cannabis y superar vías ilícitas: "Después de Rasquera, en un año en Barcelona pasamos de 8 asociaciones a cerca de 80".
Cataluña, País Vasco y Valencia fueron las tres comunidades autónomas que más cantidad de asociaciones han visto nacer, en concreto, en Cataluña hoy existen más de 800 asociaciones cannábicas.
Pero Asensio remarca que, aunque las asociaciones puedan constituirse, aún no existe un consumo cómodo: "La tenencia de cánnabis en la calle sigue siendo ilegal, y, además, la ley no especifica qué cantidades se pueden cultivar, lo que deja abierta una puerta para la sanción que queda en manos de cada juez".
España fue pionera a nivel internacional en tener un acceso institucionalizado al cannabis, pero, desde entonces, otros países han avanzado en regulaciones más concretas.
El modelo más amplio es el de Uruguay, porque es el único que regula tres vías de acceso: venta en farmacias y tiendas especializadas, asociaciones de cannabis, y cultivo para consumo propio.
En 2017, en Cataluña se intentó regular la vía de las asociaciones cannábicas, para sacar esas entidades del vacío legal, pero el Tribunal Constitucional rechazó el texto porque las competencias para regular las asociaciones son del legislativo central, el mismo camino que tuvo otra ley parecida de Navarra.
Ahora, la Federación de Asociaciones Cannábicas de España, en el que participa catFAC, intenta impulsar una regulación en el Congreso de los Diputados: "Nuestra propuesta es dar un marco regulatorio a las asociaciones cannábicas como entidades de reducción de riesgos".
La federación, según detalla Asensio, propone una primera regulación "de mínimos" del cannabis, un periodo transitorio que serviría para "adaptar y educar a la sociedad", a partir del cual se podría implantar un modelo más abierto, manteniendo limitaciones como la prohibición del consumo a menores de 18 años.
Las críticas a las asociaciones cannábicas, sin embargo, también son notorias, sobre todo en zonas específicas como el barrio barcelonés del Raval, donde algunos clubes han constituido puntos de venta ilegal de la marihuana.
Asensio, en ese sentido, piensa que la mayoría de las asociaciones no albergan actividades ilícitas y que, en todo caso, esas actitudes vienen por los grises que deja en el sector la falta de regulación: "Volvemos a lo mismo, una regulación exhaustiva y concreta dejaría esas actividades fuera juego".
"El modelo de las asociaciones cannábicas lleva años existiendo y conviviendo con su entorno, y ha recibido ya el reconocimiento de numerosas comunidades autónomas, entre ellas la de Cataluña; es un modelo que pide insistentemente una regulación", concluye Asensio.
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