El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y como accionista del 16 % de CaixaBank, ha votado este viernes en contra de la nueva política de retribuciones del banco durante su junta de accionistas, con lo que muestra su oposición a los sueldos de la cúpula directiva.
No obstante, la nueva CaixaBank, fruto de la fusión con Bankia, ha logrado sacar adelante este punto del orden del día con el apoyo del resto de accionistas y a pesar de la polémica que ha suscitado esta cuestión tras las críticas del Gobierno.
La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, fue la primera en mostrar abiertamente su "preocupación" por los elevados salarios de los ejecutivos de banca y calificó de "inaceptables los altos sueldos y los bonus pagados a directivos".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó unos días después que sectores ganadores de la transformación digital están expulsando fuerza de trabajo mientras ellos están ganando salarios de seis cifras e incrementando sus beneficios y "bonus".
Fuentes del FROB han detallado a Efe que el fondo ha apoyado todas las propuestas de la junta de accionistas de CaixaBank no relacionadas con las remuneraciones de los consejeros, una cuestión en la que ha emitido dos votos diferentes.
Por un lado, el voto en contra al punto 12 del orden del día, que era la aprobación de la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros, el punto más sensible porque suponía validar que el nuevo presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, reciba una remuneración fija anual de 1,65 millones, y el consejero delegado, 2,26 millones.
Sin embargo, el FROB se ha abstenido en el resto de propuestas relacionadas con la política de remuneraciones, que hacían alusión a la retribución global que recibirán los consejeros, así como a los planes de incentivos que puedan recibir.
El FROB, el fondo de rescate español, tenía la posibilidad de votar en esta junta al haberse convertido en el segundo principal accionista de CaixaBank tras la fusión con Bankia, en la que el Estado tenía una participación superior al 60 %.
El fondo está regido y administrado por una comisión rectora, integrada por 11 miembros, pero para decidir el voto en las juntas de accionistas basta con que se reúnan seis de ellos: la presidenta, Paula Conthe; los tres representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y los dos del de Hacienda.
Por parte del departamento que dirige Calviño se sientan en el FROB el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio; el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Santiago Durán y la subsecretaria del Ministerio, Amparo López.
En representación de Hacienda figuran la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, y el director general de Presupuestos, Jaime Iglesias Quintana.
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