El consejero de Hacienda y Financiación Autonómica, Juan Bravo, ha contrapuesto la nueva rebaja de impuestos auspiciada por la Junta de Andalucía con la "obsesión" del Gobierno español de aumentarlos "para gastar más" y sin hacer ninguna reflexión de qué hay en el gasto que sea "superfluo".
En una entrevista en Canal Sur Televisión, el consejero andaluz ha justificado la bajada de impuestos para 4 millones de andaluces como la mejor forma para crear empleo y ha pedido que se aborde una mejora de la Administración así como que se eliminen posibles duplicidades entre las comunidades y las corporaciones locales.
"Si vemos que todos los países bajan impuestos, pues tenemos que pensar si el que está en una contradicción es el Gobierno de España", ha dicho el consejero andaluz, quien ha subrayado que las familias "generan riqueza para los hijos, no para mantener sistemas políticos".
Bravo ha criticado que Gobierno central no ha contado con las comunidades autónomas para negociar los fondos europeos que se destinarán a las reformas sanitarias, educativas, universitarias o de la justicia, que además son competencias autonómicas.
Esa ausencia de consultas, que según ha asegurado ha despertado un rechazo unánime en todas las autonomías españolas, ha motivado que la Unión Europea reproche al Ejecutivo central la falta de negociación previa con las comunidades.
Ha recordado que la actual ministra, la socialista María Jesús Montero, defendió 900 millones de euros más para Andalucía cuando era consejera andaluz, aunque ha lamentado que no se ha hecho "nada" para ese fin y tampoco se ha acordado un sistema de compensación transitorio hasta la modificación del sistema de financiación autonómico.
El consejero ha apuntado que la bajada de impuestos, que tendrá un coste fiscal de 329 millones, ya afecta a los ciudadanos con la bajada del al 7 por ciento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y al 1,2 por ciento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).
Respecto a la reducción para cualquier centro, academia pública o privada que forme a los alumnos específicamente en idiomas y habilidades digitales, ha dicho que tendrá un tope máximo de 150 euros.
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