El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 29 de abril, en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley (PNL) de apoyo al sector hortofrutícola andaluz con la que defenderá, entre otras cuestiones, una reforma de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para "garantizar que los agricultores cobren un precio justo por sus productos".
En concreto, el PSOE-A plantea en esta PNL, consultada por Europa Press, que el Parlamento andaluz se muestre "favorable a que se modifique a la mayor brevedad posible" la citada Ley 12/2013, "para garantizar que los agricultores cobren un precio justo por sus productos", para lo cual "deberá fijar costes de producción por debajo de los que esté prohibido vender los productos, deberá contar con un registro de contratos e incluir al canal Horeca en esta obligatoriedad", según añade la iniciativa.
De igual modo, el Grupo Socialista pedirá que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a que a su vez inste al de España a "dirigirse a la Unión Europea para que limite las concesiones en el sector de las frutas y hortalizas, en el marco de los acuerdos bilaterales con terceros países, manteniendo la preferencia comunitaria", así como para que "se incrementen las inspecciones fronterizas sobre las frutas y hortalizas procedentes de terceros países, para garantizar la calidad, sanidad y cumplimiento de los cupos fijados".
Con esta iniciativa, además, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste a la Junta a "incrementar el control de los productos para evitar el reetiquetado de productos procedentes de terceros países para evitar el fraude", y a "desarrollar un sistema de gestión de crisis de precios ágil, universal y accesible para todos los productores, que se active de forma automática".
También propone el PSOE-A que la Cámara inste a la Junta a "apoyar con mecanismos financieros a nuestros agricultores para que puedan acometer las transformaciones que sus explotaciones precisan", y a "apoyar y financiar la incorporación de las energías renovables a los procesos de producción, abaratando costes, haciéndolos más eficientes y contribuyendo a la descarbonización y a la lucha contra el cambio climático".
Finalmente, en esta iniciativa socialista se plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "incrementar las ayudas a la contratación de seguros, garantizando que las explotaciones agroalimentarias cuenten con este recurso en un escenario donde las consecuencias del cambio climático son cada vez más visibles y los fenómenos meteorológicos extremos nos afectan cada vez con más frecuencia".
UN PILAR ECONÓMICO DE ANDALUCÍA
En la exposición de motivos de la PNL, el Grupo Socialista subraya que el sector de frutas y hortalizas en Andalucía constituye "uno los pilares económicos de la comunidad" autónoma, "tanto a nivel nacional como internacional", que emplea "de forma directa a 150.000 trabajadores".
Sin embargo, y a pesar de que "Andalucía es la principal suministradora de frutas y hortalizas de la Unión Europea", los agricultores "se enfrentan a múltiples problemas que hacen que la rentabilidad de sus productos sea cada vez menor, lo que pone en riesgo el futuro de esta importante actividad", según advierte la iniciativa socialista.
"La apertura del mercado europeo a las importaciones de países con sistemas de producción de bajo coste, laxos en términos fiscales, laborales o medioambientales, han originado la saturación del mercado provocando presiones a los precios en origen y dañando el tejido productivo", según señala el PSOE-A, desde donde se llama además a estar "especialmente atentos" a "problemas como el fraude que afecta al productor y al consumidor como es el reetiquetado de productos dentro de nuestras fronteras".
Así las cosas, el Grupo Socialista sostiene en su proposición no de ley que "nuestros agricultores y agricultoras necesitan del apoyo de todos los agentes sociales, políticos, económicos y de las instituciones para seguir cumpliendo la labor que realizan ofreciendo a la población alimentos de calidad y saludables, incluso en situaciones tan difíciles" como las de la "gravísima crisis sanitaria" actual por la pandemia de Covid-19, según remarca la iniciativa que se debatirá esta semana en el Parlamento.
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