El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha iniciado este lunes el proceso de participación pública que permitirá que los agentes sociales y económicos de la zona afectada por el cierre de la central térmica de carbón de Los Barrios, contribuyan de forma activa en la elaboración de su Convenio de Transición Justa. El periodo para enviar aportaciones finalizará el 30 de abril.
Según ha explicado el Ministerio en una nota, el lanzamiento de los procesos de participación, paso previo a la elaboración de los Convenios de Transición Justa, es clave para situar a estas zonas en el mapa de la transición justa y facilitar la identificación y atracción de posibles proyectos, inversiones y oportunidades de empleo que garanticen una reactivación económica de la zona basada en un modelo productivo diversificado y sostenible, generando nuevas oportunidades para las personas y sin dejar a nadie atrás.
"Los Convenios de Transición Justa nos ayudarán a optimizar las numerosas oportunidades que la transición energética y ecológica brindan para Los Barrios. Estamos en un momento particularmente bueno para lanzar esta propuesta, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha destacado la directora del ITJ, Laura Martín Murillo, que ha añadido que desea una amplia participación de la gente de la zona para recoger del territorio las mejores ideas, propuestas y proyectos.
La información recabada en el proceso participativo, gracias a las contribuciones de los diferentes agentes sociales y económicos de la zona, constituye la base para la elaboración final del Convenio de Transición Justa, que incluirá las mejores propuestas y proyectos identificados en el proceso, seleccionados en base a su capacidad de generar y fijar empleo sostenible en el medio y largo plazo, según ha explicado el Ministerio.
Además, el Convenio incluirá medidas para apoyar la ejecución de los proyectos seleccionados mediante diferentes fuentes de financiación o a través de otros métodos de apoyo específicos que se requieran. La incorporación de iniciativas al Convenio también atenderá a su adecuación en términos ambientales, sociales y económicos, activando así la transición ecológica en cada punto. En conjunto, se trata de aunar la participación social con la profesionalización de los procesos.
Procesos participativos
Los procesos participativos se dirigen a los agentes sociales y económicos del territorio, incluyendo Administraciones públicas, organizaciones sindicales, empresas y organizaciones de los sectores empresariales, pero también a universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, grupos de acción local y demás entidades interesadas o afectadas.
La documentación de los procesos de participación ha sido remitida a un centenar de agentes. No obstante, se trata de un procedimiento abierto y cualquier entidad o particular interesado puede realizar contribuciones, ha indicado el Ministerio.
Los documentos que acompañan al proceso --la delimitación y diagnóstico preliminar de cada zona y el cuestionario de participación-- están disponibles en la web del ITJ. Se trata de un proceso abierto a todas las aportaciones, que serán consideradas para realizar las modificaciones necesarias para que el Convenio se adapte a la realidad del territorio.
Esto incluye la delimitación preliminar que se presenta para cada zona, que no constituye un listado definitivo, dando la oportunidad de proporcionar datos que, en base a los criterios establecidos, permitan la inclusión de nuevos municipios. En todo caso, esta revisión debe considerar que los criterios son generales y que han de ser aplicables por igual para todas las zonas de España.
El Ministerio ha recordado que en Andalucía esta fase ya se ha llevado a cabo en Carboneras, donde concluyó el pasado 6 de septiembre registrando la participación de 22 agentes, que presentaron 49 iniciativas; y en Puente Nuevo-Valle del Guadiato, donde el terminó el pasado 31 de julio tras la participación de 37 entidades públicas y privadas que presentaron 221 propuestas para el desarrollo local.
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