La sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a diez de las mayores empresas lácteas de España por presuntos intercambios de información en los precios de la leche pagada a los ganaderos, ha impulsado una carrera en la que bufetes de abogados y algún fondo de inversión han estado compitiendo para conseguir reclutar el mayor número de ganaderos para que se sumen a las demandas de indemnización, siempre que el caso prospere en la Audiencia Nacional.
En 2019 la CNMC sancionó a Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone España, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (antes Puleva Food), Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y al Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña con una multa de 80,6 millones de euros por presuntos intercambios información sobre los precios de la leche que compraban a los ganaderos entre 2000 y 2013.
La decisión de CNMC permitiría a los ganaderos afectados reclamar hasta un 10% de lo facturado a esas empresas en ese periodo, siempre que la Audiencia Nacional confirme la resolución de la CNMC, lo que se espera como muy pronto para 2022.
Todas las demandas de los ganaderos se tramitan a través de una veintena de despachos de abogados que han realizado en el último año una intensa campaña de captación entre los ganaderos según un modelo estandarizado. Los bufetes proponen a los ganaderos hacerse cargo de la demanda sin coste para ellos y pactando unos honorarios en caso de éxito en torno al 30% de lo que puedan conseguir.
El caso actualmente está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Nacional por el recurso interpuesto por las empresas lácteas afectadas. Los despachos que acumularían un mayor número de demandas de los ganaderos serían Eskariam, Redi, Gómez Acebo& Pombo, Balms Galicia, Surco Consulting, Álvarez & Álvarez y Caruncho Tomé & Judel, según estiman fuentes jurídicas. Algunos de estos despachos están dedicados en exclusiva a las demandas colectivas. La cuantiosa cifra de honorarios que percibirían esos despachos de abogados en caso de éxito ha provocado una dura competencia por captar ganaderos.
Las fuentes jurídicas consultadas señalan que, en líneas generales, esos despachos de abogados han difundido la idea entre el sector ganadero de que, con el simple acto de unirse a una demanda y dejarlo todo en manos de los bufetes, van a recibir una indemnización automática, dando por hecho de que el caso ya está decidido y que lo único que hay que hacer es esperar decisiones.
Esas mismas fuentes consideran que no ha habido claridad a la hora de comunicar a los demandantes la complejidad del proceso y que toda demanda debe estar respaldada por un peritaje complejo que la justifique; y que tampoco ha habido demasiada claridad a la hora de especificar que las posibles indemnizaciones dependen de la confirmación de la resolución de la CNMC por parte de la Audiencia Nacional y de que cualquier cifra de una posible indemnización es puramente especulativa, puesto que dependerá en cada caso, del juez instructor de cada demanda.
Las mismas fuentes jurídicas indican que algunas conductas de los despachos de abogados han sido ya rechazadas por entidades supervisoras de la publicidad y aseguran que sería el caso del bufete Eskariam, ya que indican que su estrategia comercial ha sido apercibida por Autocontrol, el organismo que supervisa la veracidad de la publicidad, que ha estimado reclamaciones que denunciaban que prácticas de Eskariam constituían publicidad engañosa al no poder demostrar lo que prometen; generar falsas expectativas al dar por seguro el importe de las indemnizaciones; incitar al pleito y constituir un caso de publicidad denigratoria, pues insinúan que las conductas sancionadas por la CNMC tienen continuidad por parte de las empresas del sector lácteo. Eskariam está participada por el fondo de inversión Moira Capital, que dirige Javier Loizaga, y ha contratado específicamente a Paul Hitchings, experto en demandas colectivas, para que dirija todo el proceso de reclamación de indemnizaciones por el 'cártel de la leche'.
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