A la vuelta de la Semana Santa, los partidos se preparan para llevar al Congreso una contienda en la que todo indica que los socios de Gobierno de Pedro Sánchez buscarán votos para Madrid o incluso para Cataluña, donde la batalla entre los independentistas para formar Govern tiene fecha de caducidad con el reloj para la repetición electoral ya en marcha.
Todo esto cuando en el Congreso una treintena de proyectos de Ley y proposiciones de Ley están paralizados en su tramitación de enmiendas, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Seguridad Ciudadana, de Secretos Oficiales, de lucha contra la Morosidad o de Igualdad de Trato y no discriminación.
Con la llegada de la primavera, los diputados retoman sus trabajos bajo la presión de unas elecciones autonómicas que se celebrarán en Madrid el 4 de mayo y con la tensión de una investidura fallida en Cataluña que puede desembocar en nuevos comicios si ERC, JxCAT y la CUP no se ponen de acuerdo antes del 26 de mayo, o si el PSC no consigue lo propio con otras mayorías.
Ante esta situación los socialistas tienen menos garantizados que nunca los apoyos que deben buscar para aprobar las leyes que aún están en trámite parlamentario o bien las que todavía deben entrar, como la de Vivienda, la Ley Trans o el recientemente aprobado Real Decreto de ayudas para exhumaciones en el Valle de los Caídos.
Con Pablo Iglesias fuera del Gobierno, Unidas Podemos no tiene apremio por cerrar acuerdos con el PSOE y más bien al contrario hará valer su fuerza en el Congreso para ganarse los votos de una izquierda por la que también batallan los socialistas y Más País en el Congreso.
Es previsible que los de Íñigo Errejón, socios habituales de Sánchez junto con Compromís, también levanten sus armas para que nadie les haga sombra.
En la otra parte, los independentistas catalanes: ERC, JxCAT y la CUP.
Los 13 diputados de ERC son clave en muchas votaciones impulsadas por el PSOE y ahora podrían virar su objetivo en busca del beneplácito de JxCAT para formar gobierno en Cataluña.
O en busca de un adelanto electoral que pueda garantizarles un mejor resultado en las urnas. Estrategia a la que también podría sumarse el PSC desde Madrid.
ERC además lleva semanas avisando a Sánchez de su hartazgo por no retomar la Mesa de Diálogo sobre el conflicto catalán, a lo que se añade el veto del Congreso a una Ley de Amnistía a los encausados por el procès que veían como un primer paso.
También desde que JxCAT diera su no a la investidura de Sánchez es habitual ver a sus 4 diputados votar en sentido contrario a los republicanos. Lo hicieron con los Presupuestos de 2021 y la última vez con el paquete de ayudas de 11.000 millones de euros que fue convalidado antes de Semana Santa.
Lo cierto es que la confrontación política está servida en los dos plenos que faltan para las elecciones madrileñas y en esta ocasión serán los socios nacionalistas vascos (PNV y EH Bildu) los que verán desde la barrera cómo unos y otros se echan los trastos a la cabeza.
Después de mociones de censura, pactos políticos violados, transfuguismo y cambios en el Gobierno, no habrá compasión que valga para evitar el todos contra todos.
El distanciamiento de Sánchez y sus socios también tendrá su reflejo en la derecha: el PP, VOX y Ciudadanos marcarán territorio y en este último caso con un nuevo portavoz parlamentario que aún está por dilucidar.
La dialéctica electoral prevalecerá sobre el día a día legislativo, toda vez que más de una treintena de iniciativas se encuentran paralizadas en su tramitación parlamentaria al posponerse semana tras semana los plazos para presentar enmiendas.
Es el caso de 21 proyectos de ley procedentes de Reales Decretos Ley ya convalidados, 8 proposiciones de Ley orgánicas y otras tantas procedentes del Senado y de las Comunidades Autónomas.
El proyecto de Ley que establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que entró en vigor en junio del año pasado acumula 27 aplazamientos para presentar enmiendas, mientras que la Mesa del Congreso ha aplazado hasta 36 veces los plazos al proyecto de Ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
También las proposiciones de Ley sobre protección de la seguridad ciudadana, secretos oficiales, bebés robados o para sancionar a las empresas morosas duermen en el cajón el sueño de los justos.
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