Las administraciones públicas llevan décadas externalizando servicios públicos. El hecho de contratar los servicios de empresas privadas no está relacionado con una incapacidad de las administraciones públicas de prestarlos directamente con personal funcionario. Entonces, si pueden hacerlo ¿Por qué contratan a empresas privadas? Muy buena pregunta. Es evidente que cuando hablamos de administraciones públicas nos referimos a quienes toman decisiones en ellas. Es decir, a los señores y señoras políticos que se hacen cargo de la gestión de las mismas, dependiendo de, entre otros, los intereses de los aparatos de sus respectivos partidos políticos.
Si una persona con sus propios medios puedo resolver un asunto, gestionarlo, ¿Qué sentido tiene que llame a una empresa privada para hacerlo? ¿Comodidad? Es muy posible, sobre todo si no se paga con dinero propio, sino con el de la ciudadanía. El diabólico engranaje que justifica la contratación de empresas privadas por las administraciones públicas se puso hace mucho tiempo en marcha y no ha parado de crecer. Además de la “comodidad” ¿pudiera haber otros motivos? Los aparatos de los partidos políticos, en general, no sea que “pague un justo por pecadores”, han encontrado al menos tres buenas razones para privatizar a diestro y siniestro los servicios públicos:¿Que no es fácil “meter la mano” en el cajón de las administraciones públicas? Pues resuelto: Se adjudican contratos a empresas privadas y estas sueltan unas cuantas gratificaciones en B. ¿Qué no es fácil “enchufar” a amigos, compañeros y familiares? Resuelto: A la empresa privada que obtiene el contrato se le facilita un listado de a quien hay que contratar y punto. ¿Qué hay que dar la cara ante la ciudadanía, si algo no funciona como es debido? Solucionado: Al contratar a la empresa privada esta es la responsable de prestar el servicio. De esta forma las quejas, los “marrones” se los comerá la ciudadanía que deberá reclamar a la empresa privada.
Más aún, a las personas, que a la política se dedican y se les confiere la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos, se les olvida con mucha frecuencia que es obligación suya vigilar, inspeccionar, y garantizar que las empresas privadas contratadas respeten escrupulosamente los derechos de todas las personas. Tanto a las que atiende, como usuarios de servicios públicos, como a las que le trabajan, ya que el dinero que recibe la empresa sale del erario común. Y aquí y allá patinan estruendosamente ya que, si en lo primero se rigen por intereses particulares o de partido, en lo segundo ¿qué obtienen para mirar siempre para otros lados?
Ejemplos miles: Ahí va uno: empresa Ruso SL que despide a “los trabajadores como respuesta a la puesta en marcha de un proceso de elecciones sindicales, la precariedad de las condiciones laborales en dicha empresa, la falta de voluntad negociadora por parte de la dirección, constituyen agresiones a los derechos de las tripulaciones del Remolque Portuario”. En servicios educativos o de limpieza de hospitales, la constante vulneración de los pliegos de condiciones, en los que se comprometen a contratar 100 y contratan 50 ¿Que qué pasa con los dineros que “se ahorran” y reciben de las administraciones públicas? Pues al bolsillo limpios de polvo y paja. Y como las gerencias y las jefaturas de servicio públicas, no se quejan, mejor que mejor. En todos los sectores públicos la lacra de la externalización se ha instalado desde las grandes empresas que compraron a precio de saldo el control de la electricidad, gas, minería, construcciones militares, navales, banca pública, aeronáuticas o el agua, (bienes y patrimonios públicos), hasta las multinacionales que contratan para cocinarle al ejército, caterings para comedores escolares o públicos, transportes, gestiones informáticas, conciertos educativos, limpiezas municipales, autonómicas, estatales, remolcadores, gestión de carreteras, en puertos y aeropuertos, en correos certificaciones, entrega de paquetería, ferrocarriles…
Cuando alguien pretende conocer el contenido de los contratos con empresas privadas las pegas hacen muy difícil acceder a ellos y cuando eso es posible su redacción no siempre deja claramente establecido el número de personas que las empresa privadas deben contratar y mucho menos que los principios éticos que regulan la gestión pública es de aplicación a las empresas privadas que pretenden ganar dinero con la prestación de servicios públicos. Si cualquier empresa privada contratada por alguna administración pública debiera aplicar el código ético de los empleados públicos y asumir que cualquier incumplimiento de la ley, de cualquier ley, conllevaría la rescisión del contrato, los derechos de los usuarios de los servicios públicos y de las personas que trabajan en esa empresa estarían mejor protegidos.
Fdo Rafael Fenoy
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