La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha vuelto a aplazar la finalización del juicio que sigue contra el exalcalde de Cogollos Vega (Granada) Francisco José Luzón por supuestamente "beneficiar" a una empresa, en el marco de un plan urdido con otros tres acusados en esta misma causa "tendente a lucrarse ilícitamente" a costa del Ayuntamiento de este municipio del área metropolitana de Granada.
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que está previsto que se retome el juicio el próximo 7 de abril, en horario de tarde, ya después de Semana Santa, tras ser aplazado el lunes 22 de marzo, cuando se debería haber reanudado con la declaración de un testigo que no se había presentado.
Con la práctica de esta prueba testifical, la Sección Primera de la Audiencia Provincial tenía previsto que el juicio quedara visto entonces para sentencia tras la calificación definitiva de las partes, un trámite que estuvo previsto en principio inicialmente para el miércoles anterior. La Fiscalía pide para el exalcalde, que defendió el martes 16 de marzo ante el tribunal la legalidad de las actuaciones, cinco años y tres meses por estos hechos en sus conclusiones provisionales.
Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el exregidor independiente, uno de sus ediles, y otros dos acusados que eran representantes de la empresa supuestamente beneficiada habrían actuado, "de común acuerdo, guiados por el ilícito ánimo de lucro".
El fiscal señala que el plan, "con grave prejuicio" para los contribuyentes de Cogollos Vega, habría consistido en la emisión de tres facturas a favor de la mercantil por, entre otros, "obras nunca ejecutadas en el municipio" pero que, "entre otros aspectos", no correspondían supuestamente con trabajos hechos en el pueblo.
"Al mismo tiempo los acusados emitieron los correspondientes albaranes de entrega y adquisición de material de las presuntas obras nunca ejecutadas en el municipio", agrega el Ministerio Público, que detalla que las facturas, relativas a efectos como sacos de cemento o portes, ascendieron a más de 15.000 euros, si bien "no llegaron a ser abonadas, pues el ardid fue descubierto". Pide el Ministerio Público, además de la pena de cárcel, multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis años.
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