El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz ha dado la razón a CSIF en su recurso para que el Ayuntamiento de Chiclana regularice una treintena de puestos de trabajo, que estaban caducados y, por tanto, en situación ilegal. Estos puestos en “comisión de servicio”, que en algunos casos llevan más de veinte años -cuando el máximo es de dos años-, vulneran el derecho de los ciudadanos a optar a un empleo público en condiciones de mérito, capacidad e igualdad, tal y como establece la ley.
La sentencia obliga al Ayuntamiento a considerar caducadas estas comisiones de servicio y a regularizar estas plazas, con los procedimientos selectivos adecuados. Y es que la sentencia subraya que esta figura laboral “no puede convertirse en un derecho para ocupar de manera definitiva un puesto de trabajo”, sino que es claramente temporal, otorgadas cuando, por urgencia y necesidad, no puede ocuparse de otra manera.
CSIF recuerda que, antes de acudir a los tribunales, había solicitado al Ayuntamiento que regularizara esta “vergonzosa situación”, y en aras de causar la menor lesividad posible para el Ayuntamiento, advirtió de que esperaría tres años para que el Ayuntamiento pudiese realizar un proceso de estabilización de dichos puestos con serenidad, en el que se valoraran los méritos, la capacidad y la antigüedad de los trabajadores. Sin embargo, "han pasado ya más de cinco años y el Consistorio no ha hecho nada para remediarlo, por lo que no hubo otra opción que recurrir a la vía judicial, para poner orden en esta situación, tal y como ha ocurrido finalmente".
La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Chiclana quiere recordar que el uso y abuso de las comisiones de servicios, durante tantos años es "un proceso muy peligroso para la salud de la democracia", ya que si se tiene en cuenta que a los puestos "en comisión de servicio", se le suman los que son de libre designación (o sea, a dedo) y aquellos puestos que se encuentran en situación de interinidad, se corre el riesgo de provocar un “secuestro institucional”. Esta sección sindical considera que “un alcalde, aprovechándose de la situación de interinidad, de la pleitesía y el miedo a perder el puesto, podría manejar al personal del Ayuntamiento a su antojo, lo que en sí mismo es un atentado directo contra la imparcialidad y objetividad con la que la Administración ha de actuar y esto, a su vez, será una dificultad para que una administración futura sea justa y objetiva, gobierne quien gobierne. De hecho, se da la circunstancia de que una de estas adscripciones de servicio denunciadas está ocupada por la esposa del alcalde actual de la ciudad".
CSIF espera que a partir de ahora el Ayuntamiento sea más “justo a la hora de gestionar su personal, que respete los acuerdos alcanzados con los sindicatos, porque ello contribuiría a la paz social, se traduciría en un mejor servicio público, y se evitarían irregularidades de este tipo, sufragadas con el propio dinero del ciudadano, que aporta a través de sus impuestos".
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