La acusación particular que ejerce el secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha pedido al juzgado que investiga a Francisco Serrano por un presunto fraude en subvenciones que amplíe la investigación otros seis meses debido a la complejidad de la causa.
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla investiga al exlíder de Vox en Andalucía y a dos exsocios por una subvención de 2,5 millones de euros que el Gobierno central concedió en 2016 a una empresa para montar una fábrica de pellets en Niebla (Huelva), aunque esta nunca llegó a funcionar.
Según ha informado este jueves Sánchez, la solicitud de ampliar la instrucción también se basa en la posibilidad de que haya más delitos además del de fraude, como el de insolvencia punible, por el que acusan tanto él como Podemos.
El origen de la investigación contra Serrano, que declarará ante el juez el próximo 17 de mayo, data del 10 de octubre de 2019, cuando Facua informó de que Hacienda había reclamado la devolución de los 2,5 millones que había recibido Bio Wood Niebla.
La Fiscalía abrió unas diligencias de investigación penal contra Serrano en noviembre de 2019, pero como era parlamentario y gozaba de la condición de aforado, las remitió a la Fiscalía Superior de Andalucía, que el 1 de julio de 2020 formuló la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por un presunto delito de fraude en subvenciones.
El exjuez renunció a su acta de diputado poco antes del día que estaba citado para declarar ante el TSJA, el 8 de septiembre, por lo que el alto tribunal andaluz solicitó al Parlamento autonómico que certificase el cambio de condición y a continuación derivó la investigación al juez decano de Sevilla.
Sánchez también ha pedido al juzgado que la mujer y la hija de Serrano declaren como investigadas, si bien la Fiscalía se ha opuesto a esta solicitud.
Este requerimiento tiene que ver con la ampliación de los delitos al de alzamiento de bienes, basada en el expediente de la Agencia Tributaria, ya incorporado a la causa judicial, sobre la subvención de 2,48 millones procedentes del Ministerio de Industria.
Los técnicos de Hacienda detectaron que Serrano procedió el 27 de marzo de 2017 a la "liquidación de la comunidad conyugal y de cualquier régimen económico matrimonial", de modo que los bienes inmuebles titularidad de la pareja "pasaron a ser propiedad de su esposa", mientras que el 8 de octubre de 2018 transfirió a su hija un vehículo Mercedes matriculado hasta entonces a su nombre.
Según el dirigente de Facua, Serrano pudo "pretender vaciar su patrimonio" para así no afrontar las "posibles responsabilidades que (...) le pudieren afectar" en la investigación judicial sobre Bio Wood.
En septiembre de 2020, la Agencia Tributaria embargó al exjuez dos cuentas bancarias, la mitad de dos inmuebles y las participaciones en su bufete para así intentar recuperar parte de esa ayuda del Gobierno que, según los técnicos de Hacienda y los representantes de la Fiscalía, presuntamente desvió a otros fines, como especular en fondos de inversiones.
La Delegación Especial de Hacienda en Andalucía adoptó la medida cautelar de embargo al considerar probado que Serrano desvió 1.374.970,40 euros de forma "premeditada".
Inicialmente le reclamó 848.123,61 euros, pero cuantificó el embargo en 1.017.748,33 porque a la primera cantidad le sumó un 20 % de recargo de apremio, es decir, 169.624,72 euros.
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