El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha dado por cerrada la crisis abierta por el riesgo de las vacunas de Astrazenca y el miércoles el SAS retomará su administración. El parón, decretado en Andalucía el lunes, ha ralentizado el ritmo de la campaña. Según los datos facilitados por la Administración autonómica, entre este viernes y el pasado, recibieron el suero 15.781 gaditanos, un 28,1% menos que en la semana entre el 5 y el 12 de marzo.
“La paralización no es lo peor”, apunta el doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y expertos en vacunas. “Lo grave sería dejar sin poner millones de dosis”, subraya. Para Carmona, si la Agencia Europea del Medicamento hubiera retirado el aval de seguridad al fármaco o se hubiera determinado que efectivamente existía relación entre la muerte de una docente de 43 años en Marbella por un derrame cerebral y la vacuna, “habría sido una bomba”.
“Hay que ser cauteloso”, remarca, por lo que muestra su total acuerdo con la Administración autonómica por la decisión de suspender cautelarmente su dispensación, aunque agrave “la descorazonadora” lentitud con la que se está llevando a cabo la inmunización de la población (de hecho, en Cádiz, solo han recibido las dos dosis 58.675 personas, el 4,7% del total de la población). “Pfizer no ha dado problema ni tampoco los medicamentos desarrollados por Rusi a China”, defiende, pero admite que este episodio puede disparar el miedo y perjudica al resto de marcas.
“No queremos sembrar la alarma social, pero nos preocupa la precipitación con la que se ha cerrado todo”, admite Susi de León, portavoz de la Junta de Personal Docente No Universitaria de Cádiz (ANPE, APIA, CCOO, CGT, CSIF, UGT y Ustea), que ya expresó esta semana su temor “por la constancia de un elevado porcentaje de casos que han afectado al desarrollo de la actividad educativa de los centros y provocado malestar durante 24-36 horas, como fiebre elevada, dolor muscular o hinchazón de brazos”. “Necesitamos certezas”, añade, y un seguimiento médico a quienes hayan recibido una de las 31.000 dosis de Astrazeneca distribuidas en la provincia.
Entre ellos se encuentran agentes de la Policía Nacional. Al menos dos han requerido ingreso hospitalario durante la semana tras haber sido vacunados. Uno, de 41 años, sin antencedentes en patologías graves, en Cádiz, por una tromboflebitis; otro, igualmente sano, de 44 años, en Jerez, por espasmo cardiaco.
“Los efectos secundarios son graves y pedimos que se nos informe”, reclama Antonio Rodríguez, responsable de Jupol en la provincia. La primera inyección dejó la plantilla en cuadro. “La mitad de los compañeros tuvieron que quedarse en casa al menos un día por las molestias”, asegura, y reconoce que existen dudas sobre “cómo va a sentar la segunda”, prevista para finales de mayo.
Asimismo, confía en que las bajas ocasionadas por las efectos adversos sean tratadas como enfermedad profesional si se alargan y no como contingencia común porque tendría un coste económico para los funcionarios.
Por último, y en esto coincide igualmente con la representante de los docentes, el máximo responsable de Jupol espera que se concreten los planes de vacunación para los profesionales de más de 55 años, que siguen desempeñando su trabajo sin protección. Precisamente la Junta decidirá este lunes si para ese tramo de edad amplía el uso de la polémica Astrazeneca.
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