Será a través de la participación política y social en el Parlamento andaluz, mediante enmiendas, como termine de enriquecerse el ambicioso proyecto de la Ley de Aguas de Andalucía, que ya ha contado con el respaldo de los sectores implicados en la gestión de los recursos hídricos y ha incorporado el 80% del millar de alegaciones y aportaciones recibidas de asociaciones, entidades, organismos y particulares, así como del Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo de Andalucía, que emitieron informes favorables por unanimidad. Su contenido, basado en el Acuerdo Andaluz por el Agua suscrito en febrero, presta una especial atención a la protección de los recursos hídricos, compatibilizando sus usos para impulsar la reactivación económica, creación de empleo y cohesión territorial.
Entre sus principales novedades, la norma incorpora la creación de bancos públicos de agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos, facilitando así una distribución más ajustada a las necesidades de cada zona. A través de ellos, la Junta podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso con los objetivos de mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica, atender a fines de interés autonómico y ceder derechos de uso de agua, por el precio que en cada caso se acuerde.
Dentro del nuevo marco de asignación de usos, flexibilizará el régimen de las concesiones de agua, que actualmente no permite la entrada a nuevos usos incluso en el caso de que éstos ofrezcan mayor rentabilidad social y económica que los ya autorizados. El plazo máximo se reducirá de 75 a 20 años, salvo si la inversión necesaria requiere un periodo de amortización más largo. En los regadíos, las concesiones se revisarán tras los proyectos de modernización que se lleven a cabo, con el fin de ajustarlas a las necesidades del riego eficiente y poder así liberar recursos.
Respecto a la regulación del ciclo integral del agua, el nuevo texto reconoce el mantenimiento de las competencias de las entidades locales sobre abastecimiento y depuración, aunque establece que la Administración autonómica podrá intervenir subsidiariamente en casos de grave riesgo para la salud o el medio ambiente.
En materia de depuración y saneamiento, se aprobará un plan de infraestructuras en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor en el que se recogerán los proyectos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad especificados para 2015 por la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea.
Actualmente, entre el 85 y el 90% de los municipios andaluces depura bien el agua, pero el resto no cuenta con un plan de saneamiento y de infraestructuras. El compromiso de la Junta pasa por dotar al plan de 1.500 millones, lo que supondrá la creación de 24.000 empleos y la construcción de 300 plantas depuradoras.
En el capítulo de los derechos de los usuarios, se incluye la garantía de una prestación con la calidad adecuada, así como el derecho a participar activamente en las decisiones de gestión y planificación del uso del agua.
Por último, se constituirá el Observatorio Público del Agua, órgano de consulta y participación social que, entre otras funciones, se encargará de fijar estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios, sean del municipio que sean.
El marco jurídico para gestionar todos los recursos
El proyecto de Ley de Aguas de Andalucía que entra a debate en el Parlamento autonómico constituye el marco jurídico para la gestión de todos los recursos hídricos del territorio andaluz, sobre los que la Comunidad Autónoma ejerce plenas competencias desde este año y que se distribuyen en cuatro distritos hidrográficos.
El distrito del Guadalquivir ocupa el 59,2% de la superficie de Andalucía y reside el 55% de la población. Sus embalses suman 7.142 hectómetros cúbicos, sus 62 acuíferos ocupan más de 43.000 kilómetros cuadrados y los regadíos 650.000 hectáreas.
Por su parte, el Distrito Mediterráneo tiene su ámbito en los 18.000 kilómetros cuadrados que gestionaba a la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, entre el Campo de Gibraltar (Cádiz) y la desembocadura del río Almanzora (Almería). Acoge 2,1 millones de habitantes y cuenta con 13 grandes embalses en explotación y 160.000 hectáreas de regadíos.
Finalmente, se encuentran los distritos de las cuencas hidrográficas del Guadalete y Barbate (Cádiz) y del Tinto, Odiel, Piedras y Chanza (Huelva). Este territorio, que suma una superficie de 13.316 kilómetros cuadrados y una población de 1,3 millones de habitantes, concentra 13 grandes pantanos y cerca de 80.000 hectáreas de regadío.
El régimen económico implantará el principio de recuperación de costes
La futura Ley implantará un régimen económico-financiero acorde con el mandato de la directiva europea de aplicar a partir de 2010 el denominado principio de recuperación de costes.
De este modo, se ha modificado el conocido canon de mejora en el que se pagará por el consumo efectivo y las cantidades recaudadas tendrán un carácter finalista, es decir, se reinvertirán por completo en los proyectos previstos en el plan de infraestructuras y en la protección y regeneración de las masas de agua.
Un nuevo canon que no supondrá una doble imposición para los que ya lo pagan. “Para más de cuatro millones de andaluces que ya cuentan con las infraestructuras no habrá incremento, es más, para muchos de ellos se verá aminorado”, dijo Castillo. Según la consejera, la Ley también conseguirá corregir el desequilibrio de tarifas que existe entre los distintos municipios, “homogeneizar” los precios entre los territorios. En definitiva, la filosofía que subyace a la Ley es penalizar el despilfarro e incentivar el ahorro y el buen uso del recurso.
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