La detención y el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél han servido a Unidas Podemos y sus huestes para dar un paso más en su campaña de deslegitimación del Estado de Derecho en España. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, alentó los altercados en Barcelona, Madrid, Valencia y Granada con sus discursos incendiarios. El socio de Pedro Sánchez cuestiona la independencia judicial y la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad. El presidente del Gobierno permite este asalto a la democracia que, hasta el abrazo que selló el pacto entre las dos fuerzas de izquierdas, funcionaba mejor que peor. Hoy la tensión política es asfixiante y relega a un segundo plano las tres grandes crisis que padece nuestro país.
El Ejecutivo se muestra incapaz de atajar la crisis sanitaria, eludiendo sus responsabilidades, incluso las que le obligan a coordinar la respuesta de las comunidades autónomas. La campaña de vacunación ha gripado en cuanto ha arrancado y la población asiste impotente y desmoralizada a la llegada del fármaco a cuentagotas, mientras que los dirigentes políticos hacen anuncios extraordinarios con letra pequeña, añadiendo la condición de que es preciso que lleguen más dosis... sin que nadie explique cómo se conseguirá eso.
En cuanto a la sangría laboral, el Gobierno tampoco toma decisiones, aunque los expertos llevan más de seis meses pidiendo planes de choque. Hasta el momento, la economía española está sedada, por usar el símil sanitario, con los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) y ceses de actividad. Pero es insuficiente. Hacen falta ayudas directas a fondo perdido para impedir que la crisis se lleve por delante a un mayor número de empresas. De lo contrario, no habrá suficientes para sacar adelante la recuperación cuando soplen vientos favorables.
Y, por último, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no dedican tiempo ni esfuerzos a quienes peor lo están pasando. Las colas del hambre son una realidad que atienden Iglesia y organizaciones sin ánimo de lucro sin que el Gobierno haya sido capaz de implantar el ingreso mínimo vital y tras los fracasos de subsidios extraordinarios para empleadas del hogar o las moratorias en los pagos de alquiler e hipoteca.
Pedro Sánchez se dedica únicamente a intrigar, actuando desde el Gobierno como candidato a la Presidencia, minando la oposición y socavando los cimientos del armazón constitucional con sus acuerdos con los independentistas. Pablo Iglesias también se afana en desguazar el régimen del 78. Ni uno ni otro oyen ya a los trabajadores, a los que han traicionado, tal y como advierten los sindicatos CCOO y UGT. Tampoco atienden a los mayores y pensionistas, a quienes les restan poder adquisitivo, al tiempo que cuestionan la viabilidad del sistema público de prestaciones. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están únicamente enredados en debates identitarios (género, nacionalidades), cuestiones ajenas a la mayoría de los españoles, gopleados y agotados por la pandemia, desesperados por el futuro.
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