La controversia entre el PP y el Gobierno local por los asesores de los grupos municipales sigue su curso. Los populares anunciaron ayer que reclamarán en el próximo Pleno a la alcaldesa, Mamen Sánchez, y a los concejales presentes en la Junta de Gobierno local que paguen de su bolsillo los salarios abonados durante el último año a los asesores “nombrados presuntamente de forma irregular”, que elevan a 500.000 euros. Los populares se remiten a la sentencia de enero de 2020 -recurrida al TSJA por el Gobierno local- que anuló el reparto de asesores a los grupos municipales “por discriminar al PP”. En este sentido, desde el PP culpan a la alcaldesa, Mamen Sánchez, “de no haber cumplido y ejecutado la sentencia, y de haber vulnerado los derechos fundamentales de los concejales del PP”, después de que un nuevo auto ordene ejecutar la sentencia a la espera de que se conozca el fallo del recurso.
Ante las manifestaciones del PP, el Gobierno local aseguró ayer a través de la portavoz municipal, Laura Álvarez, que el portavoz del PP, Antonio Saldaña y su formación “mienten casi por partida triple, desde el momento en el que se refieren a una sentencia que no es firme, dado que está recurrida al TSJA”. En este sentido, en declaraciones a los medios, Álvarez explicó que es el PP el que “ha pedido al juez que se acate sentencia en primera instancia”, y afirmó que es “absolutamente falso que esto cueste 800.000 euros a la ciudad de Jerez” -ayer el PP reducía su cálculo a 500.000.
“¿Qué quiere Saldaña, que todo el mundo piense que los políticos somos unos mentirosos?”, señala, tras hacer referencia a los fundamentos de derecho del fallo que tienen recurrido en el Alto Tribunal. Una sentencia que -según sostiene Álvarez- analiza el acuerdo de la Junta de Gobierno, y habla de “una retribución bruto anual en 30.000 euros. ¿De dónde saca los 800.000 euros?”, añade.
Álvarez también explicó ayer que el acuerdo de la Junta de Gobierno local tiene dos partes, y “no se impugna el nombramiento de personal eventual asignado al Gobierno local. ¿No sabe leer o miente y se calla esta parte de la sentencia para engañar a la ciudadanía? Puede ser”, dijo, tras recordarle que “el único que tiene sentencia firme en esta Corporación es este señor (por Saldaña) por triplicar la tasa alcoholemia”.
Asimismo, reiteró que la única parte del acuerdo de la Junta de Gobierno que el juez impugna “solo afecta a dos asesores cuya retribución se fija en 30.000 euros brutos anuales”, no al de todos los grupos municipales. Los asesores en cuestión son los segundos asesores de Adelante y Ciudadanos.
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