Los informes definitivos de las auditorías puestas en marcha en 54 organismos estarán concluidos en el primer trimestre, pues la Intervención General ya está estudiando las alegaciones que hayan hecho los entes instrumentales, según ha anunciado este jueves el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.
Marín, que también es consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ha resaltado en comisión parlamentaria que además hasta el 1 de enero de este año se han eliminado 55 entidades instrumentales del sector público en lo que ha calificado como "un proceso constante de supervisión y agilización" de los trámites para disolver los entes "que no tienen actividad o carecen de personal".
Marín ha explicado que el Gobierno encontró a su llegada a una plantilla de 30.000 trabajadores en el sector público con problemas de dimensionamiento, 31 sistemas diferentes de gestión de recursos humanos y 38 sistemas económico-financieros, con un gasto de personal de 1.200 millones, ha informado la Junta en un comunicado.
Ha resaltado la existencia de retribuciones dispares a igual categoría entre diferentes entidades, e incluso en la misma, como por ejemplo un puesto de asesoría jurídica con un coste de 34.000 euros en AGAPA, 40.000 en la Agencia de Instituciones Culturales y 68.000 en la RTVA.
Además, en el SERCLA hay planteados 37 expedientes de conflictos laborales de 2018, en torno a 4.000 trabajadores de estas entidades están en situación de temporalidad, "algunos superando los plazos que permite la Ley", y tienen regímenes de incompatibilidades diferentes según la tipología de las agencias.
La Consejería ha elaborado un inventario de puestos de trabajo que ha permitido reducir el número de denominaciones de casi 2.000 a 120, las áreas de actividad de casi 500 a 54, y los grupos de formación de casi 300 a 5.
Ha indicado que se está llevando a cabo un proceso constante de "disolución, extinción y liquidación" de aquellos entes que carecen de actividad o personal, en total 55.
Estas entidades son tres agencias administrativas como la Agencia de evaluación educativa; la agencia pública empresarial Inafin; dos consorcios como el del Guadalquivir; 37 UTDLT; seis fundaciones como Mediara, Fidetia o el Centro de Innovación y Tecnología del Olivar y del Aceite; la institución sin ánimo de lucro Asociación Granada Universidad de Invierno 2015; y cinco sociedades mercantiles como Sierra Cork o Promonevada.
Este proceso es paralelo al Plan de Auditorías, adjudicadas en agosto del 2020 para analizar la situación de otras 54 entidades.
"El resultado de estas auditorías será fundamental para poder concluir con la reordenación efectiva del sector público instrumental", ha señalado.
Ha explicado que la pandemia y la inminente llegada de fondos europeos han hecho que se anticipen propuestas de reordenación basadas "en necesidades evidenciadas con los datos expuestos con anterioridad y con los resultados provisionales de estas auditorías".
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