Los nuevos establecimientos de juego y apuestas tendrán que estar a una distancia mínima de 150 metros de centros de educación reglada no universitaria, según la modificación de la normativa andaluza que data de 1986, ha anunciado hoy el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo,
En comisión parlamentaria, el consejero ha avanzado que en el primer trimestre de este año estará culminado el decreto que modificará el reglamento de salones de juegos y apuestas en Andalucía con un nuevo régimen de distancias mínimas para su establecimiento cerca de equipamientos educativos.
El nuevo decreto regulará distancias mínimas de 150 metros para ubicar nuevos salones de juego respecto a centros educativos, un control de acceso exterior, se endurecen las sanciones de 10.000 euros y cierre si accede un menor y se limita la publicidad, entre otros aspectos para "proteger a los más vulnerables" de la ludopatía, según el consejero.
El principal partido de la oposición, el PSOE, lo ha acusado de estar con el "lobby de las casas de juego y apuestas y tomar partido por este sector en vez defender la lucha contra la ludopatía", según la representante socialista, María Jesús Ruiz, que ha asegurado que la nueva normativa que prepara la Junta es insuficiente porque los ayuntamientos exigen un mínimo de 500 metros de distancia y no sólo de los colegios sino también de los equipamientos deportivos y culturales, entre otros.
Ha mostrado una foto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el exministro del PP y actual presidente de la patronal del juego Codere, Rafael Catalá, para reflejar su "apoyo al sector del juego" y acusarlo de "enmascarar en un conflicto competencial con los ayuntamientos", ya que algunos han hecho modificaciones puntuales del PGOU para aumentar las distancias mínimas de los nuevos salones de juego respecto de los colegios y otros equipamientos urbanos.
Sin embargo, la Junta ha recurrido estas modificaciones urbanísticas porque, según el consejero, invaden las competencias autonómicas en materia de apuestas y juego, que datan de una normativa 1986 cuando gobernaba el PSOE y algunos de esos años en coalición con IU, aunque ha criticado que "no modificaron esa norma".
Según los datos aportados por el consejero, en Andalucía hay un cuarenta por ciento menos de locales de máquinas recreativas desde 2009 a 2019 al pasar de 23.404 a 16.652, el mismo número de salones de juego desde 2010 -859-, en un sector del juego que cuenta con 5.000 trabajadores en sector y 3.500 indirectos.
También ha descendido el número de adictos al juego hasta unas 2.300 personas, según Juan Bravo, que ha recriminado al PSOE y Adelante que hagan "demagogia" porque cuando gobernaban no hicieron cambios en la normativa y ahora se niegan a apoyar el decreto con las modificaciones que prepara el ejecutivo andaluz porque "tienen distinta vara de medir".
La portavoz socialista ha recordado que el PSOE presentó una iniciativa en 2019 en el parlamento andaluz para prevenir el juego patológico y no la apoyaron ni el PP, ni Ciudadanos ni Vox y también le ha replicado que los populares eran oposición en la Junta tampoco presentaron nada en ese sentido.
En su opinión, la Junta "coarta la libertad de los ayuntamientos" al impedir que hagan modificaciones puntuales del PGOU "para prevenir la ludopatía en los barrios más humildes".
En el mismo sentido el representante de Adelante Andalucía, Jesús Fernández, lo ha acusado de ayudar a los grupos de presión del juego y "dejar desamparadas a las familias afectadas por este creciente problema social" y ha replicado al consejero que la realidad social de 1986 no es la actual porque la "heroína de ahora es la ludopatía".
Para el diputado del PP Pablo Venzal, hay "intereses cruzados en este asunto" y ha abogado por "no demonizar al juego".
Desde Ciudadanos se ha apostado por la sensibilización de la población con campañas de prevención de ludopatía y ha aplaudido la nueva regulación que prepara el gobierno andaluz.
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