Un entramado criminal de empresas que supuestamente estafó 700.000 euros a tres entidades bancarias mediante el cobro de recibos, ha sido desarticulado por la Policía Nacional en la provincia de Málaga, actuación que se ha saldado con doce detenidos por los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La investigación policial, que se ha desarrollado en el último año, apunta a que la organización constituyó un entramado de siete sociedades, sin actividad laboral real, que contrató servicios de gestión de remesas de recibos a tres entidades bancarias, sistema que aprovechó para perpetrar el fraude.
Según ha informado este jueves la Policía en un comunicado, la operación se inició después de que el representante de un banco en Málaga denunciase haber sufrido una estafa de 57.000 euros tras contratar con los administradores de una sociedad un servicio de gestión para el cobro de recibo a diferentes clientes.
Según los hechos denunciados, una vez que la entidad bancaria ejecutaba las órdenes de cobro, la sociedad recibía el dinero de sus clientes y lo retiraba de su cuenta bancaria posteriormente.
Por su parte, antes de la fecha de vencimiento -56 días por normativa-, los clientes devolvían en cascada los recibos y conseguían que el banco reingresara el importe a sus cuentas, una situación que generaba un descubierto, y por tanto un perjuicio económico a las entidades.
Los agentes descubrieron que otros dos bancos estaban afectados por este procedimiento y con las mismas empresas implicadas.
En una primera fase, los clientes que debían hacer frente a los pagos de recibos, al no tener actividad laboral real, recibían inyección económica por parte de transferencias procedentes de cuentas de otras empresas de la trama o mediante ingresos en efectivo a través de cajeros automáticos.
Una vez que las entidades bancarias ejecutaban las órdenes de cobro de recibos, la cuenta de la sociedad presentaba un importante incremento en su haber, al cobrar la remesa de los clientes conniventes, con lo que daba apariencia de legalidad a sus operaciones.
Cuando el dinero estaba en las cuentas de la sociedad emisora de los recibos, sus titulares lo retiraban, a través de transferencias a cuentas del entramado delictivo o extracciones en cajero.
En última instancia, antes del plazo autorizado de 56 días, los clientes devolvían los recibos en cascada, con lo que se reintegraba nuevamente el dinero en sus cuentas.
Las entidades bancarias que debían tramitar las devoluciones de los recibos en el plazo legalmente estipulado habrían sufrido un perjuicio económico en total de unos 700.000 euros, en una estafa "organizada al detalle" por los arrestados, en su calidad de administradores o apoderados de las empresas implicadas.
En la actuación se han practicado registros en los domicilios de los cabecillas de la organización en los que se ha intervenido documentación y se ha solicitado a la autoridad judicial el bloqueo de las cuentas bancarias de los principales investigados.
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