Andalucía da un “paso decisivo” en su lucha contra la corrupción. El Consejo de Gobierno aprueba un proyecto de ley contra el Fraude que llegará en las próximas semanas al Parlamento para su aprobación. El texto recoge la creación de una oficina, dependiente al Parlamento y no de la Junta, que investigará posibles casos de corrupción, colaborará en cómo prevenirla, tramitará denuncias y protegerá a los denunciantes.
El responsable al frente de esta oficina será elegido por mayoría de tres quintos de la Cámara o por mayoría absoluta en segunda votación si no hay acuerdo. El tiempo máximo en el cargo será de cinco años.
La Oficina investigará, de oficio o previa denuncia, actuaciones de administraciones, instituciones, órganos, entidades y personas físicas o jurídicas que se consideren fraude, corrupción o conflicto de intereses.
En todo momento se garantizará la confidencialidad y protección de la persona denunciante, que conocerá el estado de tramitación de la investigación y recibirá información de los actos y resoluciones dictadas. La norma contempla el derecho a no sufrir represalias. Por ejemplo, cuando los denunciantes sean funcionarios o laborales indefinidos de las administraciones, podrán solicitar un traslado provisional a otro puesto del mismo nivel y se le reservará su puesto de origen.
Esta oficina contra el Fraude tendrá competencia sancionadora. Se establece la clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves con sanciones que van desde el apercibimiento a multas económicas entre los 300 y los 100.000 euros.
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha presentado este proyecto de ley y ha pedido “unidad” a todas las formaciones políticas para que salgas adelante. El objetivo es que “Andalucía deje de ser noticia por la corrupción”, ha dicho.
Es más, Marín ha sostenido que “el fraude ha superado los 6.000 millones de euros” durante los gobiernos socialistas y ha recordado que dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de cientos de altos cargos, “han sido procesados por defraudar”.
El proyecto de ley contra el Fraude nace en Andalucía en plena polémica por los casos de corrupción. El PSOE ha pedido estos días atrás explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre si conocía la existencia de la Caja B del PP tras la confesión del extesorero del partido Luis Bárcenas. También, el PP ha pedido explicaciones al PSOE por las investigaciones en marcha a líderes políticos como Fernando Rodríguez Villalobos.
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