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Sociedad

Leyes que permiten superar tiempos de crisis

La Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en una bomba de oxígeno para aquellos autónomos o empresarios condenados a la ruina por culpa de la pandemia

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  • Crisis.
  • En plena situación de bancarrota lo más normal es que uno se plantee buscar soluciones que posibiliten rehacer su vida y volver a empezar

Cerrar sin saber cuando volver a abrir, pagar la renta de un local o negocio al que las restricciones sanitarias no permiten sacar el crédito esperado o simplemente no haber podido cumplir con las planificaciones económicas trazadas para el pasado 2020. Estos son algunos de los motivos que han llevado a más de una persona física en España a verse rodeada de deudas hasta el punto límite de alcanzar un punto sin retorno.

En plena situación de bancarrota lo más normal es que uno se plantee buscar soluciones que posibiliten rehacer su vida y volver a empezar. En este contexto, la Ley de la Segunda Oportunidad se está consagrando como una opción más que considerable para dejar atrás las deudas del pasado y gozar de la posibilidad de poder emprender nuevos proyectos económicos o personales. Pero, ¿cómo funciona exactamente?

Una ley joven implantada en el año 2015

Para aquellos que desconocen la norma y jamás han oído hablar sobre ella, cabe destacar que su propósito no es otro que otorgar a aquellas personas que se acogen a ella lo que tan explícitamente dice su nombre, una segunda oportunidad. Y es que este mecanismo legal, llegado al sistema jurídico español en el año 2015, permite la exoneración o el perdón de parte o la totalidad de aquellas deudas cuyo volumen ha alcanzado tal magnitud que prácticamente nunca podrán saldar.

El letrado Guillermo Pérez, del despacho Larson & Co ubicado en en Vélez-Málaga, está especializado en la gestión y asesoramiento de este tipo de procesos. Él considera que a raíz de las circunstancias actuales derivadas de la pandemia “este mecanismo va a ayudar a muchísimas personas y cada vez a más porque se va conociendo poco a poco”.

A este análisis inicial añade que “en muchas ocasiones, el desconocimiento de este tipo de herramientas legales hace que muchas personas queden endeudadas de por vida”. Por eso insta a todas aquellas personas que están pasando por un momento crítico a nivel económico a plantearse acceder a este mecanismo. Solo así lograrán “empezar de cero y librarse de esas deudas que no te dejan dormir tranquilo por las noches”.

¿Cómo funciona este mecanismo?

Con el fin de aminorar ese desconocimiento al que anteriormente aludía, el propio abogado se encarga de explicar brevemente cómo funciona este mecanismo. De esta manera, afirma que “el procedimiento comienza con la solicitud de nombramiento de un mediador concursal ante notario”. En ese momento se va a requerir “una serie de documentación referente al total de las deudas que atañen al solicitante” y se evaluará si dicha persona reúne los requisitos pertinentes para acceder a esta ley.

Estos requisitos no son otros que no haber cometido delitos socioeconómicos, patrimoniales o de falsedad documental en los últimos diez años; que la cantidad de la deuda no supere los cinco millones de euros, al margen de demostrar que no se dispone del capital suficiente como para hacer frente a las deudas y que se ha intentado el pago de todas las formas posibles. Por ello, se recalca especialmente a lo largo del proceso la importancia de la buena fe del deudor.

Si el caso particular del solicitante encaja dentro del perfil descrito, se podrán llevar a cabo los siguientes pasos del proceso. Así pues, Guillermo Pérez explica que “el mediador podrá convocar a todos los acreedores que consten en la lista aportada con la finalidad de aprobar un plan de pagos previo a la fase judicial”.

A partir de aquí surgen dos posibles soluciones: que se alcance un acuerdo extrajudicial o que el proceso desemboque en la fase judicial, donde será un juez quien tome una decisión definitiva al respecto de la deuda. Posibilitando, generalmente, la exoneración de un gran porcentaje o la totalidad de la misma y permitiendo que el solicitante quede libre para siempre de ella. Una medida crucial para los tiempos que corren y por la que cada vez más personas físicas y autónomos optan en los últimos meses.

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