Podemos-IU ha denunciado este miércoles el que considera "desalojo ilegal" que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Granada de las tres familias con menores que residen en el conocido como Cortijo de la Nocla, copropiedad de esta administración municipal junto al arzobispado.
La coalición en el consistorio de esta capital ha registrado un escrito de alegaciones al decreto de Urbanismo, a partir de un informe jurídico que sostiene que las familias con menores no pueden ser desalojadas del terreno.
La concejala de la formación Elisa Cabrerizo cree que la Concejalía de Urbanismo intenta dejar en la calle a tres familias con menores a sabiendas de que comete una ilegalidad, "todo por defender antes un solar que a las personas".
La edil ha informado además de que la propiedad del terreno es también del Arzobispado de Granada, que se opone a la expulsión y que no ha sido informado.
"Se trata de un desalojo que a todas luces va contra la norma", ha mantenido en rueda de prensa Cabrerizo, ya que se pretende hacer una expulsión de un bien patrimonial y, para que sea posible, es necesario que la ocupación se haya realizado en el último año, y estas familias están allí empadronadas desde 2007.
Esta es la primera de las "mentiras", a su juicio, en las que se basa Urbanismo, mientras que otro de los puntos de las alegaciones presentadas se refiere al incumplimiento de los tiempos.
Cabrerizo ha señalado que el plazo que se les dio fue de 5 días, cuando la normativa sostiene que debe ser de entre 10 y 15 días.
"Con este nuevo engaño consiguen que las familias no puedan presentar sus alegaciones, que incluyen los certificados de empadronamiento o de escolarización de los niños", ha indicado.
La siguiente irregularidad de este decreto es que parte de la Concejalía de Urbanismo cuando un desalojo como éste debe ser aprobado por el Pleno, por lo que cree que el Ayuntamiento "hace trampas hasta con su propia normativa", para permitir que crezcan en el terreno ratas y arbustos "y no lo hagan los hogares".
La última de las ilegalidades del equipo de Gobierno va contra el Decreto del actual Estado de Alarma, que prohíbe los desahucios sobre todo en los casos de personas vulnerables.
Cabrerizo ha sostenido que esta es una "nueva vergüenza" del bipartito de PP y Ciudadanos al volver a dejar de lado la realidad humana, por lo que hace un llamamiento al concejal de Derechos Sociales para que proteja a las familias, a los menores y a los hogares, "no a un solar vacío que no se usa para nada".
La concejala ha explicado que esas familias no tienen otra opción que asentarse en esas casas porque el Ayuntamiento no tiene una vivienda pública que ofrecerles a estas personas, que pese a ser trabajadores no se les alquila una casa porque no tienen nómina ni aval.
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