El antisistema enemigo o combatiente del autoritarismo de la opresión y la represión se diferencia del totalitario, que persigue la imposición de un sistema opresor, directo o a través de poderes paralelos con frecuencia superiores al propio régimen, cuando no pasa de defensa de sus propios intereses y los de su grupo de amigos y deudos. Así viene siendo desde tiempo muy pretérito y sin embargo actual. La afición de las administraciones a recaudar le lleva a idear métodos sofisticados, los menos adecuados para ganarse voluntades. Porque no persiguen voluntades sino recaudar sin freno y a costa de lo que sea. Bien están los impuestos cuando están bien y cuando el imprescindible servicio es recíproco. Hacienda somos todos menos cuando se abusa y cuando los impuestos no se gestionan para bien del ciudadano. Si las leyes están para cumplirlas, la Administración y sus responsables y ejecutores son los primeros obligados a predicar con el ejemplo, ser fieles a la ley y a la ciudadanía que los sostiene, en vez de incitar a la insumisión fiscal.
El extremismo administrativo es azote de quien se mantiene con unos ingresos muy inferiores del que mete la mano en su cuenta bancaria que, salvo error, sólo es pobre remedo del pobre salario percibido, muy por debajo del límite embargable. Lamentable circunstancia que minusvalora y minora la democracia porque la opresión es enemiga de la democracia, y la voracidad recaudatoria una de las peores formas de opresión. Mejor haría la Justicia en cuidar el derecho de la mayoría y erradicar la mala voluntad de quien se considera con derechos superiores Los impuestos están bien cuando están bien, no cuando se idean para oprimir, para recaudar al máximo y luego gastarlo en proyectos inútiles como un tranvía que intenta justificarse en el mantenimiento y alargamiento de su recorrido y entorpece el tráfico en lugar de resolver el problema de la movilidad. Los impuestos son justos cuando sirven para actuaciones útiles y cuando se ajustan a la Justicia más estricta que la ajustada y esquelética ley.
Que la Administración sea protegida por sí misma y por otra Administración superior deja sin valor la democracia y el principio de igualdad ante la Ley. La ley no debería rebajar el principio de igualdad al deber de gastar y complicarse para poder defenderse de la voracidad de la Administración. Cuando una Administración mete la mano en una cuenta bancaria mantenida sólo con un salario o pensión mínima, el incumplimiento estricto de la Ley debería ser perseguido de oficio, sin obligar al perjudicado a largos y costosos procesos jurídicos que suelen resultar más costosos que dar por perdida la cantidad “susllevada” más que sustraída. La Administración ya ha dado pruebas tangibles de incapacidad para ser juez y parte. El funcionariado no debe ser una clase privilegiada y los errores deberían ser pagados por quien los comete que no es la ciudadanía. Si paga quien comete el error, el resultado será justo, plenamente distinto, porque en el momento actual paga el conjunto cotizante, no el culpable. Suspender a alguien de responsabilidad en sus errores es crear castas y permitir horrores.
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