Rafael Serrano, gerente de la empresa de Tecnología del Ayuntamiento El Puerto Global, demanda al concejal y portavoz de Unión Portuense Javier Botella y le reclama 30.000 euros por ofrecer “información veraz a los portuenses”, se defiende el concejal.
Javier Botella lo considera una “estrategia perfectamente dirigida para coartar su libertad de expresión, por ello pese a que todos los partidos de la oposición han denunciando y expresando públicamente en los medios, los órganos de gobierno y de la empresa municipal el denominado «Caso Serrano», el gerente ha tomado la decisión de utilizar los juzgados y denunciar únicamente al concejal del partido portuense que a diferencia de los otros partidos de la oposición no cuenta con respaldo nacional, creyéndose que de esta manera la vía judicial podrá intimidar su legítima acción como oposición y fiscalización de todo lo concerniente a la gobernabilidad de la ciudad, incluido las empresa municipales”.
A continuación, una transcripción del comunicado:
Mi nombre es Javier Botella, soy portavoz municipal de Unión Portuense. Durante este mandato he enfocado mi trabajo en dos cuestiones, hacer propuestas constructivas para mejorar nuestra ciudad y fiscalizar y controlar a este Gobierno.
Como muchos portuenses conocen, una de las polémicas más graves que ha suscitado este gobierno es la irregular reincorporación del gerente de El Puerto Global, Rafael Serrano, el denominado «Caso Serrano». A lo largo del mandato he ido ejerciendo mi derecho y deber de informar a los portuenses sobre estos hechos y el grave perjuicio económico que suponen para la empresa municipal y por ende para los portuenses.
Como consecuencia de ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho a ofrecer información pública veraz, el gerente de El Puerto Global, Rafael Serrano, ha interpuesto contra mi persona una demanda de conciliación previo a la interposición de una querella criminal, donde se me acusa de calumnias e injurias y de acoso laboral, reclamándome, además una indemnización de 30.000 € por daños morales.
Les quiero anunciar que seguiré ejerciendo con lealtad, como representante público elegido democráticamente, mi derecho a la libertad de expresión y mi derecho y deber a seguir fiscalizando a este gobierno, en todos los aspectos que sean lesivos para los intereses generales de El Puerto de Santa María. Y muchos menos que denuncias judiciales o amenazas sin fundamento causen intimidación o coacción alguna en mi persona, ni en la labor que me han encomendado los portuenses.
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