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Campo de Gibraltar

Laya subraya la necesidad de acuerdo y que "los gibraltareños son amigos de España"

La ministra de Exteriores española incide en el mensaje de "una zona de prosperidad compartida" tras el Brexit y no quiere una frontera exterior con Gibraltar

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  • Arancha González Laya, durante la entrevista. -

La ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, dijo que la ausencia de un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) "en las circunstancias actuales" de pandemia "sería muy negativo" para las economías, en una entrevista este domingo con el canal británico Sky News.

La ministra española reconoció que “preocupa” la futura situación de Gibraltar y sostuvo que es un deber mutuo, del Reino Unido y España, alcanzar un acuerdo que permita gestionar ese área de “prosperidad compartida” alrededor del Peñón, pues, si no hay pacto, “la frontera externa de la UE será Gibraltar”.

González Laya admitió que “sí, esto es algo que nos preocupa porque los ciudadanos gibraltareños son amigos de España”, aunque “sabemos que estamos en desacuerdo en un tema importante, que es la soberanía, hay un desacuerdo entre el Reino Unido y España sobre la soberanía de Gibraltar. Esto no va a cambiar. Pero creo que nuestro deber es encontrar un acuerdo que nos ayude a construir esta zona de prosperidad compartida en torno a Gibraltar, cuidando de nuestros ciudadanos, de nuestros trabajadores y de nuestras empresas”.

Por eso, añade que España “ha mostrado un gran interés y hemos trabajado muy duro para llegar a un acuerdo con el Reino Unido en cuanto a la movilidad en y alrededor del área de Gibraltar por respeto a nuestros ciudadanos. Porque sabemos que el 1 de enero, sin un acuerdo, la frontera, la frontera exterior de la Unión Europea estará en Gibraltar y queremos evitarlo. Por eso España ha puesto toda su energía en este acuerdo. Esperamos poder alcanzarlo porque sabemos lo que significará para los ciudadanos de Gibraltar y de España y porque nos preocupamos por ellos, queremos asegurarnos de que esto no ocurra”.

Reino Unido "sufriría más"
González subrayó que el Reino Unido "sufriría incluso más" que la UE si no se llega a un pacto sobre la futura relación, que entraría en vigor al fin del periodo de transición pos-Brexit, que acaba el 31 de diciembre.

La ministra aseguró que tanto España como la Comisión Europea y el negociador comunitario, Michel Barnier, desean un acuerdo, pues ese es el mandato, pero "se necesita a dos personas para bailar el tango" y las dos partes deben trabajar para hallar "una pista de aterrizaje para este avión" y llegar a un consenso.

Preguntada sobre la posición británica reacia a ceder soberanía, González señaló que los acuerdos comerciales no están para reclamar la soberanía nacional, pues "es claro" que las partes negociadoras son soberanas, sino que lo que hacen es ayudar a "gestionar la interdependencia".

Insistió en que lo importante es "construir una relación que las dos partes quieran", porque "entienden que beneficia más a sus ciudadanos y empresas que separarse sin pacto".

Sobre las normas de competencia, uno de los obstáculos para el consenso, dijo que es importante coincidir en que ninguna de las partes "competirá de manera injusta" con la otra, reduciendo impuestos o estándares laborales o medioambientales.

"Acordemos que no vamos a hacer eso y, por supuesto, hallemos un mecanismo que nos permita ver si eso está ocurriendo y cómo abordarlo", afirmó.

González Laya señaló que el posible pacto comercial entre el Reino Unido y la UE "es único" porque son vecinos, y no puede compararse con el que Canadá tiene con el bloque, sino que "se parece más" al que tienen Canadá, México y Estados Unidos.

Sobre la pesca, otro de los puntos espinosos, dijo no entender "por qué no es posible entenderse": "La pesca en el Reino Unido son 6.000 barcos que emplean a 12.000 personas. Esta es la magnitud del problema", declaró.

Consideró un gesto "hacia la galería" el hecho de que la Marina británica haya anunciado que destinará cuatro naves a patrullar las aguas territoriales para frenar posibles incursiones de pescadores comunitarios a partir del 31 de diciembre.

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